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La consejera de Fomento plantea en Bruselas los problemas de planes hidrológicos para CLM

Ha trasladado a la CE un documento que sintetiza la situación de la planificación hidrológica y "la lentitud del Gobierno de España en el despliegue de la desalación, que está al 47 % de su potencial".

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La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, se ha desplazado este lunes a Bruselas para sostener sendas reuniones de carácter técnico con distintos responsables europeos en materias de competencia de la Consejería a fin de ahondar en las posibilidades de financiación a través de las diferentes líneas de ayuda continentales y para establecer líneas de contacto con la Comisión.

La consejera ha aprovechado la visita para entrevistarse con responsables técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, haciendo entrega de un documento que sintetiza los principales problemas que la nueva planificación hidrológica del Gobierno de Mariano Rajoy introduce en las cuencas de los cuatro principales ríos que atraviesan Castilla-La Mancha: Tajo, Júcar, Segura y Guadiana.

Presión demográfica y socioeconómica desde regiones levantinas

elena de la cruz bruselas 3El informe revela la fuerte hipoteca que la presión demográfica y socioeconómica desde las regiones levantinas está suponiendo en las tres primeras cuencas y ha explicado ante los responsables de aguas de la Comisión las razones que han llevado al Gobierno regional a interponer recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo. La consejera ha anunciado tras la reunión que el Gobierno regional llevará a cabo acciones en el seno del Parlamento Europeo tendentes a averiguar definitivamente si se cumple o no la Directiva Marco del Agua (DMA) en el Tajo ante la sospecha de que los datos remitidos desde el Gobierno de España en la aprobación del Segundo Ciclo de Planificación Hidrológica podrían no ser rigurosos, ya que no existen medidores de aforo en puntos tan significativos del río como en Talavera de la Reina.

La consejera considera que el hecho de que se esté vulnerando con los nuevos planes hidrológicos el derecho comunitario, y en particular la Directiva Marco del Agua, es un motivo de peso para trasladar a la Comisión la necesidad de reducir drásticamente la presión que el Trasvase Tajo-Segura está introduciendo en la cabecera del Tajo y en la degradación que sufre en su tramo medio. El futuro del Júcar, un río deficitario pero con excedentes declarados para trasvasar debido a la nueva distribución de recursos dentro de la demarcación, la situación del convenio de Alarcón o los problemas de acceso al agua a los que se enfrentan los regantes del Sureste de Albacete son otras de las cuestiones que la consejera ha expuesto en Bruselas.

Lentitud en el despliegue de la desalación

elena de la cruz bruselas 2También ha hecho partícipes a sus interlocutores europeos de la lentitud en el ritmo del despliegue de la desalación en España, una tecnología que está llamada a reducir considerablemente la explotación del Tajo desde la cuenca receptora. Según los datos elaborados desde la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha que figuran en el informe entregado hoy en Bruselas, España contaba en 2015 con un potencial de 332 hectómetros cúbicos mediante las 13 plantas desalinizadoras situadas en las costas de Alicante y Murcia pero únicamente produjo 158 hectómetros cúbicos, un 47 por ciento de la capacidad aprovechable real. Las previsiones a medio plazo no son mucho más halagüeñas. En el horizonte 2021, la producción instalada aumentaría únicamente en 7 hectómetros cúbicos, hasta los 339 y el agua desalada subiría hasta los 193 hectómetros anuales, un 57 por ciento del potencial.

La consejera de Fomento del Gobierno castellano-manchego ha estado acompañada en las reuniones por el director general de Carreteras y Transportes de la Junta de Comunidades, David Merino, y por el director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, ya que ambas áreas presentan una creciente dependencia de las decisiones que se adoptan para el conjunto de países que forman la Unión Europea.

 

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