La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) Castilla-La Mancha ha calificado de «atentado contra el sistema productivo» de la región la propuesta de planes de gestión de las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y que afectan a 250.000 hectáreas.
El secretario general, José María Fresneda, y la vicepresidenta de la organización, Blanca Corroto, han rechazado esta propuesta de planes de gestión para las ocho zonas ZEPA delimitadas en la región y han exigido a la Consejería su disposición a negociar la gestión de estas zonas.
Fresneda ha indicado que «son medidas coercitivas que van a impedir al agricultor mejorar las condiciones de su explotación», advirtiendo que si estos planes se pusieran en marcha «condenarían al despoblamiento a muchísimos pueblos de la región, ya que limitarán la producción y la variedad de cultivos que pueda sembrar el agricultor dependiendo de la zona en que se encuentren sus terrenos.
ASAJA CLM ha presentado alegaciones a estos planes, que, según ha reprochado, «no contemplan ningún estudio ni informe» que evidencie que la actividad agraria no es compatible con la conservación de especies protegidas de aves en entornos naturales.
Fresneda ha advertido que si el próximo lunes no hay un compromiso por parte de la Consejería para negociar estos planes de gestión de las zonas ZEPA, su organización se planteará si se presenta a la reunión a la que les han convocado con el resto de organizaciones y agentes sociales implicados en esta materia el próximo día 28.
Por su parte, la vicepresidenta de la organización ha explicado cómo ha planteado la Consejería dividir en tres zonas las ZEPA de la región que forman parte de la Red Natura 2000, siendo la primera la denominada «zona A, de conservación y uso tradicional, en la que el agricultor no puede hacer absolutamente nada».
En las otras zonas, los agricultores también tendrían delimitado otro tipo de cultivos como el almendro, el pistacho u olivares, en los que ahora están realizando inversiones y también podrían derivarse «problemas para recibir ayudas de la Política Agraria Común (PAC)», que según la extensión del terreno exige al agricultor tener tres tipos de cultivo distintos.
Además, han recriminado la desinformación que tienen los agricultores sobres delimitación de zonas y la obligatoriedad de acogerse a un régimen de ayudas para quien tenga cultivos en ZEPA, una medida que «debería de ser elegida por el agricultor», ha puntualizado.
