La Agricultura se encuentra en un periodo de incertidumbre tanto por los cambios en las políticas nacional y comunitaria, como por los acuerdos comerciales internacionales. Por un lado, la segunda convocatoria electoral para formar un Gobierno en España. Por otro, el referéndum al que han asistido los ciudadanos británicos en el que han decidido la salida de su país de la Unión Europea, el denominado Brexit (llamado así por el juego de palabras que asocia Britain y Exit). Y, por último, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), un acuerdo que se está negociando en la actualidad entre los Estados Unidos y la Unión Europea.
A nivel nacional, preocupa la situación de inestabilidad política que atravesamos en estos momentos. La falta de directrices políticas y de un gobierno fuerte y estable condiciona no sólo la economía nacional sino el devenir de España en el exterior. No estamos dando una buena imagen de país solvente y contribuimos a generar un ambiente de incertidumbre muy desfavorable para los mercados.
En cuanto al Brexit, es cierto que el Reino Unido es un importante contribuyente al presupuesto de la Unión Europea proporcionando un 10,5% del total. Sin embargo, procede detenerse en la reflexión que alza Luc Vernet, experto del centro Farm Europe, formado por expertos de sectores públicos y privados y compañías dispuestas a invertir en ideas para fortalecer, modernizar y desarrollar políticas europeas comunes, que impacten directamente en los sistemas agroalimentarios: energía, sanidad, medio ambiente, agricultura, climatología y aspectos comerciales.
Según Vernet, “en un análisis detallado de lo que aporta se concluye que en materia de Política Agraria Común, la contribución de Reino Unido representa sólo el 5% del presupuesto”, teniendo en cuenta la deducción de la compensación y los gastos de la UE en el Reino Unido.
Para el experto, las prioridades de los Estados miembros en relación con la distribución del presupuesto de la UE se pueden ver en gran parte según la contribución específica que cada país destina a su propio equilibrio presupuestario interno. Esto es lo que se denomina el retorno de las contribuciones. Las políticas son revisadas por los ministros de Economía en términos de su capacidad de inversión en el Estado miembro de que se trate, explica Vernet. Dicho de otra forma, la distribución de los fondos de la UE depende de la contribución que cada país aporta a sus propios presupuestos. Por tanto, para obtener beneficios, es fundamental una política agraria nacional fuerte capaz de negociar, gestionar y administrar adecuadamente los fondos.
El caso es que, con o sin el Reino Unido, Europa avanza hacia un mercado salvaje de productos agrarios y España no está preparada para enfrentarse a la renacionalización de la PAC. Hay que tomar conciencia de la dependencia que tiene el sector con respecto a las ayudas comunitarias, porque es “pan para hoy y hambre para mañana”. España necesita un modelo de agricultura en el que el agricultor no dependa de lo que va a percibir de ayuda comunitaria, sino que dicha ayuda sirva para mejorar sus condiciones de renta. Y, dicho sea de paso, la agricultura necesita disponer de agua, que cada explotación tenga un porcentaje de regadío para ser rentable, en vez de que el 30% de su rentabilidad provenga de las ayudas.
A pesar de todo, los británicos tienen un concepto muy moderno y competitivo de la agricultura por su apuesta por la innovación y la intensificación sostenible. Así que probablemente no buscarán tras el Brexit medidas proteccionistas en materia agroalimentaria y seguirán aplicando los estándares europeos aunque no rijan ya en su territorio.
Por último, está abierta la negociación del acuerdo TTIP, que probablemente no esté pactado en 2016 porque quedan muchos temas por discutir y tiene que ser ratificado aún por el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y los que serán entonces 27 parlamentos nacionales.
Los negociadores europeos insisten en que el tratado no va a implicar ningún cambio en el nivel de exigencias y garantías que se brinda hoy al consumidor europeo con los productos producidos en España, de trazabilidad, bienestar animal o prácticas medioambientales.
Sin embargo, la supresión de los aranceles, principal objetivo de un acuerdo de libre comercio, no es lo más importante para Europa en el TTIP, ya que existen otras barreras que hacen muy difícil el acceso de nuestro productor al gigante norteamericano.
Por ejemplo, las barreras fitosanitarias. En EEUU las evaluaciones se hacen en muchos casos de forma individual para cada producto y cada país en la UE. Se concibe la UE no como un todo, sino país por país, lo que supone una actuación arbitraria.
En cuanto al sector ganadero comunitario, no preocupa por sí sola la disminución eventual en la protección arancelaria, sino los aspectos que penalizan a la ganadería de la UE y benefician al país norteamericano. Y es que se estima que competir en un mercado único con productos similares pero con costes de producción muy distintos puede dar lugar a la desaparición de un porcentaje relevante de explotaciones ganaderas comunitarias.
El caso, a día de hoy, no se puede afirmar que el acuerdo TTIP va a tener consecuencias positivas o negativas para la agricultura europea. Es necesario hacer un análisis mucho más fino de las consecuencias posibles del acuerdo, sector por sector y producto por producto. Como bien dice otro gran experto en Política Agraria Comunitaria, Tomás García Azcárate, “el diablo está en los detalles”.
Ante esta situación de cambio, por tanto sólo queda una salida para España: la de trabajar en un modelo de agricultura sólido y aprovechar la oportunidad para ganar peso y liderazgo en el mercado comunitario y en las decisiones agrícolas.
Los agricultores y ganaderos, como empresarios agrarios que son, necesitan un horizonte de estabilidad para poder afrontar sus decisiones e inversiones y eso resulta imposible si cada dos por tres, están cambiando las reglas del juego.
Nuestros responsables políticos y administraciones deberían centrarse en aportar medidas para paliar los efectos de la volatilidad de los mercados y los precios de los productos agroalimentarios, el equilibrio de la cadena agroalimentaria y la política de competencia en las relaciones contractuales agroalimentarias, la coherencia en la puesta en práctica de acuerdos comerciales, la apuesta por una innovación eficiente y adaptada a la agricultura, incluyendo recursos hídricos, y la necesaria renovación generacional.
Moraleja: Si queremos sobrevivir, tendremos que estar preparados para hacer frente a los desafíos y si queremos triunfar, tendremos que aprovechar las oportunidades que nos brinda el cambio.
