Defensor del Pueblo confirma: Quantum presentó estudio ambiental fuera de plazo

Según ha informado en rueda de prensa la Plataforma 'Sí a la Tierra Viva' que pide a la Junta que archive el expediente

La Oficina del Defensor del Pueblo ha confirmado que Quantum Minería presentó su Estudio de Impacto Ambiental fuera de plazo, lo que implicaría el archivo de los expedientes de tierras raras, según ha afirmado este martes en rueda de prensa la Plataforma ‘Sí a la Tierra Viva’, que ha añadido que “los informes desfavorables emitidos por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en el trámite de consultas previas, constituyen un motivo suficiente para archivar el expediente de evaluación ambiental y de los procedimientos de otorgamiento de las solicitudes de explotación”.

Según el colectivo ciudadano la notificación del documento de alcance se produjo el 18 de noviembre de 2016, por lo que el plazo de tres meses para la presentación del estudio exigido por la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, vencía el 18 de febrero de 2017 y Quantum Minería presentó dos días después, el 20 de febrero. ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo la solicitud de los permisos de explotación de tierras raras en Torrenueva y Torre de Juan Abad

La Plataforma ‘Si a la Tierra Viva’ se pregunta si ahora, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha va a declarar el archivo del expediente, tal y como solicitaron el pasado 21 de febrero la plataforma, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA; las Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, la Fundación Savia y la Plataforma Campo de Montiel Histórico-Origen del Quijote. El carácter preceptivo y vinculante de los informes desfavorables emitidos por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en el trámite de consultas previos, recuerdan desde la Plataforma ciudadana, “constituye un motivo suficiente para archivar el expediente de evaluación ambiental y de los procedimientos de otorgamiento de las solicitudes de explotación.”

Denuncias sin respuesta

A pesar de todo ello, han recordado en la rueda de prensa, el Director Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real decidió someter a información pública el pasado 10 de abril los proyectos y el estudio de impacto ambiental presentados cuarenta días antes en el Servicio de Minas.

Sí a la Tierra Viva ya denunció ante la Consejería de Economía, Empresas y Empleo la admisión a trámite en noviembre de 2015 por el Servicio de Minas de la Junta de las tres solicitudes de explotación, “aun careciendo de la garantía de abastecimiento de agua y sin que existiese ningún informe de solvencia de Quantum Minería, por lo que se pedía la caducidad de los derechos mineros y el inicio de un procedimiento sancionador para depurar responsabilidades”.

Esa denuncia fue ampliada en diciembre pasado, solicitando que el Director General de Industria, Energía y Minería, José Luis Cabezas, fuese apartado de la tramitación de los expedientes “al haber defendido abiertamente en público y en diversas ocasiones los intereses empresariales de Quantum Minería S.L., sin que hasta hoy hayamos tenido respuesta”

Piden cumplimiento estricto de la ley

“Es por ello que el Ejecutivo regional debe actuar sin fisuras y cumplir estrictamente con la legalidad, procediendo al archivo de los expedientes de evaluación ambiental y de los procedimientos de otorgamiento de los derechos mineros, así como iniciar los trámites para elaborar una ley que impida la minería de tierras raras en nuestra comunidad autónoma, acatando de esta manera la voluntad democrática expresada en las dos resoluciones aprobadas por las Cortes regionales que instan al Gobierno autonómico en ese sentido”, ha reiterado la Plataforma en la rueda de prensa.

‘Sí a la Tierra Viva’ ha anunciado que, “dada la gravedad de la situación creada por la actuación del Gobierno regional”, pondrá en conocimiento de los grupos políticos de la Oposición estos hechos para que, por vía parlamentaria, se pueda proceder a la petición de la explicación correspondiente, “a la que la ciudadanía castellano-manchega tiene pleno derecho, no descartando acudir a los tribunales de justicia para que la legalidad sea respetada”.

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