ASAJA de Castilla-La Mancha ha interpuesto un recurso contencioso administrativo a la Orden 63/2017, de 3 de abril, que aprueba el Plan de gestión de las zonas de especial protección para las aves de ambientes esteparios (ZEPA) ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por entender que es perjudicial para los intereses de los agricultores y ganaderos de la región.
El secretario general de la organización, José María Fresneda, acompañado de la vicepresidenta Blanca Corroto, explicaba en rueda de prensa, que los servicios jurídicos de la organización presentaron el pasado 18 de mayo el recurso, “después de que se agotasen las vías previas de conversaciones y negociaciones con la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a lo que hay que sumar las alegaciones que ASAJA CLM presentó a cada uno de los borradores que se publicaron de dicha Orden”.
Fresneda ha reconocido que desde el primer borrador hasta la publicación del Plan “hemos conseguido muchas cosas, como modificar la zonificación o aumentar el cupo de leñosos, pero no ha sido suficiente y después de hacer todo lo que estaba a nuestro alcance, no nos ha quedado otra opción que acudir a los Tribunales”.
ZEPAS, objeto de discurso político
Además, ha lamentado que las ZEPAS hayan sido objeto del discurso político y ha explicado que, “tal y como pedían los miles de agricultores y ganaderos que se movilizaron por la región, y a diferencia de los que han utilizado las ZEPAS para hacer mala política, hemos utilizado todas las vías posibles para evitar poner limitaciones a la actividad de los agricultores y ganaderos”.
El secretario general ha recordado que “la organización agraria ha denunciado en varias ocasiones el trato que se da a la agricultura y ganadería en las zonas ZEPA de nuestra región en comparación con las políticas conservacionistas de comunidades autónomas limítrofes como Andalucía, Castilla y León y Extremadura”, en las que se establece como objetivo principal propiciar el desarrollo económico de las poblaciones. En otras comunidades autónomas, además de los aspectos de conservación y protección de fauna y flora, se incluyen los socioeconómicos ligados a las actividades agrarias que se desarrollan en las distintas zonas.
Así mismo, la organización agraria asegura que la Directiva marco de la Unión Europea relativa a la conservación de las aves silvestres dice que hay que conservar las aves, pero nunca limitar la agricultura, además de recoger la necesidad de compensar en el caso de que haya restricciones a actividades socioeconómicas.
Finalmente, el secretario general ha afirmado que, “en el caso de Castilla-La Mancha, el Plan de gestión de las zonas ZEPAS supone una especie de expropiación encubierta. La ubicación de una actividad agraria en una zona ZEPA no puede ser una carga y habría que trabajar por un reconocimiento a la labor de los agricultores, en vez de limitar su actividad y dejar sus pueblos como un gran desierto demográfico.”
