Las administraciones públicas central y autonómica -representadas respectivamente por el director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Ciudad Real, José Herrera; y por el director general de Formación y Salud Laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Eduardo Del Valle- y la Inspección de Trabajo, a través su director territorial Juan Díaz Rokiski, “son conscientes de que el campo de Castilla-La Mancha sigue siendo escenario de explotación y fraude; y también de que tenemos que combatirlo juntos y desde muchos frentes”.
Así lo ha resaltado el secretario general de CCOO-Industria, Ángel León, tras la celebración de la primera de las dos jornadas que el sindicato está dedicando a “reflexionar sobre los problemas, las necesidades, fortalezas, oportunidades y debilidades del desarrollo rural en Castilla-La Mancha”, enmarcadas en la convocatoria del Ministerio de Agricultura para promover “la participación de sindicatos de trabajadores de los sectores agroalimentario y medioambiental para la realización de proyectos de especial interés para el desarrollo y mejora de los trabajadores de los citados sectores”.
La primera jornada se ha centrado en el análisis de las situaciones de explotación laboral y de fraude que se siguen produciendo en el campo de Castilla-La Mancha, especialmente durante las campañas agrícolas que en la región reclaman la fuerza laboral de decenas de miles de trabajadores temporeros; de sus causas y de las fórmulas para combatirlas y erradicarlas.
“Todos los participantes reconocen que el problema existe y que requiere la actuación consensuada no sólo de las administraciones central y autonómica y de la Inspección sino también de los agentes sociales, sindicatos y patronales; así como de la concienciación de los empresarios agrícolas y de la sociedad en su conjunto”, han indicado desde CCOO.
Eduardo del Valle centró su intervención en explicar la actuación directa de la Junta en materia de prevención de riesgos laborales, cuyo control permite en numerosas ocasiones desvelar no sólo incumplimientos en esta materia sino también otros en contratación, fraudes a la seguridad social o directamente situaciones de explotación.
José Herrera reconoció abiertamente que la explotación laboral y la trata de personas siguen siendo una realidad en el trabajo agrario, apuntando los compromisos internacionales asumidos por el Estado español en la lucha contra el trabajo forzoso y subrayó que las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al respecto del trabajo decente reclaman no solo compromiso del Estado, también de los agentes sociales.
Juan Díaz Rokiski recordó que en la región los incumplimientos de la legislación laboral y de seguridad social en el campo han sido generalizados hasta hace muy pocos años y que siguen sucediendo, aunque ya no de forma tan extendida. Incidió en la necesidad de concienciar, en especial a los empresarios, y apuntó algunas de las causas que a su juicio abren la puerta al fraude y la explotación, como la actuación de intermediarios.
Por su parte, la secretaria de Empleo de CCOO CLM, María Ángeles Castellanos, destacó relevancia económica, social y laboral de las campañas agrícolas en la región y la importancia que este trabajo estacional tiene para muchos temporeros, incluido un elevado porcentaje de inmigrantes; y advirtió de la economía sumergida, sobre la que faltan estudios y datos detallados, sigue muy presente en la actividad agraria.
Javier Velasco, responsable estatal del Sector del Campo de CCOO- Industria, hizo hincapié en la propuesta del sindicato de establecer una Tarjeta Laboral para los temporeros del campo, al igual que existe la Tarjeta Laboral de la Construcción.
Planteó también la necesidad de que las ayudas de la PAC vayan en función no tanto de las hectáreas que se poseen como del empleo -y de la calidad del empleo- que se crea y se mantiene.
Velasco coincidió con Rokiski en la importancia de que Hacienda y la Seguridad Social “crucen sus datos” para luchar contra el fraude en la actividad agraria. Al respecto, el director territorial de la Inspección señaló que así lo hicieron en 2006 y que llamaron después a aquellos empresarios del campo en cuyas declaraciones al Fisco y a la Seguridad Social advirtieron grandes discrepancias.
No se les llamó para anunciarles investigaciones ni para imponerles sanciones; solo para advertirles de las incongruencias detectadas, pero eso fue suficiente para que en campañas sucesivas se comportaran de otra manera a la hora de dar de alta a sus trabajadores temporeros, añadió Rokiski.
Finalmente, el abogado Luis Collado explicó el funcionamiento de los Sistemas Especiales del Sector Agrario incluidos en el RGSS. Estos ‘Sistemas Especiales’ (hay tres) han dejado atrás el antiguo REASS, pero mantienen peculiaridades respecto al Régimen General, tanto en lo que respecta a altas y cotizaciones como a prestaciones y acción protectora, siempre en detrimento de los trabajadores agrarios.
En este sentido, todos los ponentes coincidieron también en la necesidad de impulsar la contratación fija-discontinua en el trabajo agrario.
