El presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, se ha referido esta mañana durante su intervención en el Debate del Estado de la Región, celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha, a las actuaciones y proyectos realizados por el ejecutivo castellano-manchego en materia agraria, medio ambiental y de desarrollo rural. Entre otros, ha citado la recuperación de la Estación Enológica de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), el Dehesón del Encinar de Oropesa (Toledo) o la puesta en marcha de la Planta Clamber de Puertollano (Ciudad Real); una localidad donde, ha adelantado, se desarrollará un proyecto empresarial ligado a la biomasa que vendrá a ocupar el hueco que dejó Elcogas.
Una apuesta por la biomasa que se plasmará en un Plan Estratégico ad hoc que se implantará en 53 centros educativos y hospitales de nueva creación y que saldrá adelante en noviembre de este año.
El cuidado del medio ambiente de nuestra región, ha sido otro de los puntos destacados por García-Page quien ha anunciado que, además de haber aprobado la Ley del Fracking, o insistir en la postura contraria del Ejecutivo castellano-manchego contra la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en la localidad conquense de Villar de Cañas (Cuenca), el Gobierno regional seguirá trabajando para impedir el desarrollo de proyectos relacionados con tierras raras en nuestra comunidad autónoma.
De hecho, ha adelantado una solución en este sentido en los próximos 15 días que afectaría a toda la región y, en concreto, a los proyectos previstos en la provincia de Ciudad Real.
Por último ha valorado la ampliación de los contratos de la plantilla de GEACAM a 12 meses, el aumento del presupuesto destinado a la extinción de incendios y la estrategia de lucha contra la despoblación que se desarrolla desde el Gobierno regional.
En este sentido, ha anunciado finalmente la puesta en marcha de una orden de ayudas para entidades públicas afectadas contra el despoblamiento; unas medidas que trascenderán a la propia legislatura pero que, de manera paulatina, afectará al desarrollo del territorio y ahondará en la igualdad de acceso a derechos y servicios públicos de todos los castellano-manchegos, independientemente de si viven en una ciudad o en un núcleo rural.
