La Plataforma para la Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de Castilla-La Mancha ha solicitado al presidente regional, Emiliano García-Page, que proceda a la reversión y derogación de la orden de marzo de 2016 en la cual se reduce las ayudas a los agricultores hasta un 67%.
Denuncian que dicho recorte, “llevado a cabo por el actual Gobierno de Castilla-La Mancha, en la práctica se ha convertido en una expropiación de derechos a los agricultores totalmente ilegal porque incumplen los principios de seguridad jurídica y de irretroactividad establecidos en la Constitución Española”.
Desde la Plataforma, recuerdan que su nuevo socio de Gobierno, Podemos, votó a favor de dos resoluciones de las Cortes de Castilla-La Mancha en las cuales se pide la derogación de dicha orden, “por lo que reclamamos que ahora desde el Gobierno exijan el cumplimiento de dichas resoluciones, máxime cuando la agricultura ecológica fue uno de los puntos del acuerdo de Gobierno entre Podemos y PSOE”.
Analizando la ejecución de presupuestos del año 2016 de Castilla-La Mancha, los representantes de la Plataforma observan que de los 67 millones de euros de los que dispone la Junta de Castilla-La Mancha, solo ha utilizado 37,6 millones. Ante esta situación, se preguntan ¿Por qué García-Page ha dejado en la calle a miles de agricultores ecológicos si aún dispone de 29,4 millones de euros? y ¿En qué se ha gastado ese dinero de los agricultores?
Para la Plataforma, esto demuestra que “el consejero de Agricultura ha mentido desde marzo de 2016 cuando justificó el recorte de las ayudas por la supuesta falta de presupuesto, si realmente hubiese esa falta de presupuesto, no sobrarían 29,4 millones de euros”.
Por ello, demandan que el presidente de Castilla-La Mancha tiene que explicar y responsabilizarse personalmente de haber dejado a miles de agricultores sin ayuda cuando hay presupuesto disponible.
Lamentan que “no es suficiente con que se haya recortado en un 67% las ayudas, sino que además están pendientes de pago las ayudas de parte del año 2015 y de todo el 2016 haciendo inviable la actividad a los agricultores”. Añaden que “si la Junta no nos paga a nosotros, los agricultores no podemos pagar a los proveedores, lo que frena la actividad y el empleo”.
Por ello, piden al Gobierno de Castilla-La Mancha que se ponga manos a la obra y pague las ayudas del año 2015 y 2016, no solo a los agricultores y ganaderos ecológicos, sino también las de incorporación de jóvenes y las de modernización de las explotaciones agrarias.
