La Plataforma Stop Macrogranjas Pueblos vivos asegura que crece la indignación de los vecinos de Cañete, con el ayuntamiento de la localidad que, aseguran, concedió el 30 de octubre licencia de obra a una macrogranja porcina fuertemente contestada por los vecinos, «que sienten que su ayuntamiento ha tomado una decisión a espaldas suyas». Una decisión de la que este colectivo señala no haber tenido constancia documental hasta este pasado viernes 1 de diciembre. Ahora, organizados y con el apoyo de Stop Macrogranjas Pueblos Vivos, los vecinos «no se resignan y pretenden llegar a donde sea necesario para defender sus intereses y su futuro».
La Plataforma y los vecinos, apuntan desde la primera, no acaban de comprender el modo de proceder del los ediles de Cañete «y las prisas de última hora», pues el procedimiento lleva en tramitación 10 meses, desde que el 8 de febrero, el promotor presentó la solicitud de licencia de obra para una macrogranja de 2.400 plazas de cerdos de cebo.
Los vecinos, asegura Stop Macdrogranjas, solo han podido conocer una pequeña parte del proyecto, a través de esta plataforma, puesto que el ayuntamiento de Cañete, en estos 10 meses «no solo no ha realizado ningún acto informativo al respecto, sino que las trabas para acceder a la documentación han sido continuas», dicen.
La «opacidad» del consistorio ha hecho que aumentara la preocupación entre los vecinos, por lo que el pasado 3 de noviembre la Plataforma realizó un acto público, en el que se explicó, «ante más de 70 asistentes muy preocupados», en qué consisten estas macrogranjas y su problemática, para finalizar aportando datos sobre la exportación porcina proyectada en Cañete.
Cúmulo de «despropósitos»
Stop Macrogranjas recuerda que ya en agosto de 2016, Ecologistas en Acción-Cuenca, solicitó información sobre el proyecto ante el ayuntamiento cañetero, «pero nunca obtuvo respuesta».
Ante el inicio de las obras, en junio de este año, la Plataforma Stop Macrogranjas Pueblos Vivos, recién constituida, presentó un recurso administrativo el 4 de agosto, solicitando la paralización de la obra, pero la respuesta fue que la macrogranja no tenía licencia de obra. Sorprendentemente, tras una denuncia ante el SEPRONA, «el Ayuntamiento se desdijo de su escrito anterior y manifestó, que sí disponían de licencia de obras para el movimiento de tierras y el vallado».
Según la plataforma, siguieron las trabas para acceder a la información, puesto que el Ayuntamiento, en primera instancia, solo permitió la consulta del expediente en trámite de audiencia, de lunes a viernes y de 12:00 a 14:00 h en las dependencias municipales y durante 10 días. Tras las quejas de la Plataforma, señalan desde ésta, se entregó parte de la documentación solicitada, «pero con tres importantes omisiones: el proyecto técnico de la macrogranja, el estudio de impacto ambiental y la relación de parcelas para verter los purines». Finalmente, en trámite de audiencia, se presentaron alegaciones el 30 de octubre, «con el principal argumento de no haber podido consultar una parte fundamental de la documentación por lo que se pedía un nuevo plazo de audiencia».
Sin embargo, inciden desde Stop Macdrogranjas, la alcaldía resuelve conceder la licencia de obras el mismo 30 de octubre para la macrogranja (sin esperar a que terminase el plazo del trámite de audiencia) «sin concesión de aguas ni un plan de gestión de purines, es decir, incumpliendo la declaración de impacto ambiental y sin someter el expediente a información pública».
Reacción de la Plataforma Stop Macrogranjas Pueblos Vivos
Para Carlos Gómez, portavoz de la plataforma y vecino afectado de Priego, la reacción de la alcaldesa y del resto de la Corporación de Cañete es «muy poco democrática», porque «a la vista de la preocupación de los vecinos por la macrogranja, en vez de informar, convocan un pleno extraordinario y urgente con unas pocas horas de antelación el 8 de noviembre, para ratificar la concesión de la licencia, que aprobó la alcaldía, a pesar de que nuestras alegaciones fueron entregadas en tiempo y forma». Como única respuesta, añade Gómez, «el consistorio nos envía copia de dos escritos: el primero emitido el 23 de noviembre[3], en el que solicita autorización a la autora del proyecto de ejecución para entregarnos una copia; en el segundo la alcaldesa nos comunica que nos dará el proyecto en cuanto tenga dicha autorización».
Ahora, termina diciendo «no nos queda otro remedio que acudir a los tribunales para parar este despropósito, puesto que nuestra Plataforma y numerosos vecinos podrían ver vulnerados sus intereses legítimos si se llega a construir esta macrogranja sin haber podido poner de manifiesto su punto de vista.”
