A por una PAC del siglo XXI. Francisco Martínez Arroyo. Consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha (ruralsiglo21)

La Política Agraria Común (PAC) es como un edificio siempre en construcción. No hay una política más revisada, reformada o renovada que ésta, desde su creación allá por los inicios de la década de los años 60 del siglo pasado. Y, a la vista de su longevidad puede que, incluso, el hecho de estar en permanente reforma, sea la clave de su éxito.

Así, cumpliendo los plazos previstos, la Comisión Europea (CE) ha puesto encima de la mesa un primer documento con sus primeras ideas sobre la próxima reforma que, si se cumplen los plazos -hecho poco probable a la vista del previsible retraso en la negociación del Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027, las Elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2019 y la renovación del Colegio de Comisarios también en 2019-, debería estar cerrada antes de finalizar 2020, para aplicarse a partir de 2021.

La publicación de este primer documento, por parte de la CE, ha reactivado el interés de los Estados Miembros, organizaciones profesionales agrarias y, en general, de todos aquellos implicados en esta política, tras un año de escasos movimientos en general, también en España. Es difícil conocer el proceso de formulación de la posición política de la CE en un documento como éste, pero es lógico pensar que se ha debido tener en cuenta el resultado de la encuesta lanzada en 2017 por la Comisión, los resultados de la aplicación de la PAC actual y las conversaciones con Estados Miembros y organizaciones profesionales agrarias y cooperativas.

De la propuesta, yo destacaría como hechos más relevantes dos: la subsidiariedad y el papel del medio ambiente. En primer lugar, la Comisión profundiza en la subsidiariedad, dejando a los Estados Miembros un papel muy relevante, el de la planificación de la PAC -también en el primer pilar-, y el de la gestión de la misma -éste, como hasta ahora-. Según este esquema, la Comisión se reservaría la competencia de establecer las líneas básicas de la PAC y de supervisar la planificación y gestión de los Estados Miembros.

No es un tema baladí. En realidad es la propuesta más revolucionaria, pues permitiría a los Estados Miembros entrar en el corazón del primer pilar de la PAC, orientando las reglas básicas de la Comisión, en función de sus intereses sectoriales y/o territoriales. Con esta filosofía, un Estado Miembro podría optar por ayudar a un determinado agricultor -por ejemplo olivicultor- cuando en otro país, este mismo productor puede no recibir ningún pago. Hay un riesgo, el de hacer todavía menos común esta política, como he comentado aquí en varias ocasiones. Pero es evidente, que si el camino es el de la subsidiariedad, es mejor que lo sea de verdad y que se orienten las políticas -y las ayudas- a los intereses y necesidades de cada Estado Miembro, tal y como plantea la Comisión. Un argumento a favor de esta decisión es que es difícil homogeneizar una política tan compleja como esta en 27 EEMM tan distintos.

Y en España, este reforzamiento del papel de los Estados Miembros debe traducirse en un mayor papel de las Comunidades Autónomas. No puede ser de otra forma, ya que la competencia en agricultura es exclusiva de las regiones en nuestro país. De alguna forma, ocurriría -o debería ocurrir- lo siguiente: si la Comisión Europea devuelve a los EEMM las competencias -o una parte sustancial- cedidas en esta materia, cada EEMM debe aplicar su ordenamiento interno para ejercerlas y en España es muy claro, la Constitución deja esta política en manos de las regiones. Esto haría más complejo el sistema, pero, si lo hacemos bien -entre el Ministerio (que debe seguir teniendo un papel relevante) y las Consejerías de Agricultura, podemos poner en marcha una PAC que, de verdad, se oriente a resolver problemas como la rentabilidad de la agricultura, las políticas de mercados o a combatir el despoblamiento, por citar algunos retos a la vista, en función de las especificidades de cada región.

En este sentido, leía hace unos días una reflexión sobre esta misma cuestión, del profesor José María Álvarez Coque (Agronegocios, del 15.12.2017), que no puedo dejar de citar aquí, por lo acertada que resulta según mi punto de vista: “El miedo a la libertad conduce a muchos a apuntarse a los enfoques de talla única por falta de fe en sus gobernantes”. La concepción de nuestro país como descentralizado, el reconocimiento de las competencias y de la diversidad agraria de nuestros territorios, deben hacernos ver esta propuesta de la Comisión, como una oportunidad, más que con el temor con el que parecen haberla recibido algunos.

La segunda cuestión relevante de la propuesta de la Comisión es un cambio del modelo de política, que, se orientaría a la consecución de resultados, sobre todo en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Los Estados Miembros -o las regiones, o entre los dos- plantearían una suerte de indicadores de cumplimiento y deberían primar -lógicamente- a los agricultores profesionales, que generen empleo y que contribuyan a la mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático -por ejemplo, reduciendo la huella de carbono de la actividad agraria-. Comparto también esta visión de la Comisión -aunque su aplicación no sea fácil-, pues la única forma de defender los recursos públicos destinados a la PAC, pasa por orientar los pagos en función de lo que los agricultores y ganaderos hacen por la sociedad -alimentos, seguridad alimentaria, presencia en el medio rural, mejora del medio ambiente-, destinando más, a aquellos que más se comprometen. Este nuevo modelo exige abandonar el “café para todos” y apostar por una mayor profesionalización del sector.

Otras cuestiones que aparecen en la propuesta son: la preferencia para los profesionales, el impulso al relevo generacional -menciones generales sin mucha concreción-, el establecimiento de un techo de ayudas por explotación, o el pago redistributivo, igual, para las primeras hectáreas de todas las explotaciones -mencionadas con más énfasis-, van en la dirección que hemos defendido desde este blog desde el inicio de la reforma actual, en la que, en España -a diferencia de la mayor parte de los países- se desperdició la oportunidad de apostar por lo que ahora parece que sí va a exigir la Comisión en todos los EEMM. Suena bien este cambio de marcha de la Comisión en esta apuesta por el modelo de agricultura que genera actividad en el medio rural, aunque, evidentemente, habrá que precisar mucho más en la negociación.

Y dejo para el final, lo que más preocupa desde el inicio -aunque muchas veces, sin analizar las políticas como hemos intentado hacer, brevemente, en esta entrada-, el Presupuesto. Es de agradecer que, en tiempos convulsos como estos para el proyecto europeo, la canciller alemana y el líder de los socialistas alemanes, en su acuerdo de gobierno hayan incluido no solo una apuesta decidida por la Unión Europea, si no, también, por la PAC, blindando su actual presupuesto. Esta decisión es un mensaje de gran calado que refuerza la construcción europea, dañada, todavía, por la negociación de la salida del Reino Unido.

Pero esto no basta, los recursos son muy importantes -lógicamente nadie quiere perder fondos-, pero lo más importante de todo es utilizarlos correctamente, haciendo que los recursos públicos orienten las decisiones de los agricultores, les defiendan frente a la volatilidad de los mercados, se apueste por la contribución de la agricultura a la mejora del medio ambiente o se evite el despoblamiento de nuestro medio rural. Esta es la verdadera clave del éxito de esta política.

Es todavía pronto, queda mucho camino por delante en la negociación, pero la música de esta PAC, parece que suena bien. Hagamos que esta vez, estas sensaciones, se conviertan en realidad.

Francisco Martínez Arroyo

Consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha

(Ruralsiglo21)

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