El Gobierno de Castilla-La Mancha presentará la próxima semana una iniciativa legislativa en las Cortes regionales con la finalidad de rechazar los planteamientos de continuidad del trasvase Tajo-Segura y, al mismo tiempo, priorizar el uso de las desalinizadoras ya construidas en el Levante.
Así lo ha avanzado el presidente del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, que ha expresado su deseo de contar con el apoyo “unánime” de todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento regional en este planteamiento “firme” que, ha adelantado, elevará al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. “Espero que todo el mundo se moje”, ha subrayado al respecto.
Del mismo modo, ha reiterado su disposición a llegar a consensos en materia hídrica para conseguir que las desalinizadoras, “que tanto dinero han costado a los españoles”, se conviertan en “la gran solución a medio y largo plazo” para la escasez de agua en las regiones del Levante.
Las desalinizadoras que, tal y como ha recalcado García-Page, han costado casi 600 millones de euros, “están haciendo que hoy se beba y se mantenga la industria y el campo” en el Mediterráneo, lo que invita a pensar que, en un futuro, “progresivamente, cada vez sea menos necesario tener que quitar el agua a quien también lo necesita en el conjunto de España”.
En la misma línea, el presidente de Castilla-La Mancha ha adelantado que trasladará a los responsables del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente el rechazo del Gobierno regional a la “amenaza” de restricciones del cincuenta por ciento “para la población” que “pueden incluso afectar a la generación de empleo”. Sobre todo, ha incidido, después de “tantos trasvases irresponsables e ilegales” como los que se han realizado en la cabecera del Tajo.
Recurso contra la sentencia del Tribuna Superior de Justicia
Además, el Gobierno regional va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid que ha desestimado el recurso contencioso-administrativo que presentó el Ejecutivo castellano-manchego contra el trasvase del Tajo al Segura de 38 hectómetros cúbicos aprobado en junio de 2016 por la Comisión Central de Explotación del ATS del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), por considerar “que es una sentencia totalmente sesgada que no compartimos desde Castilla-La Mancha”.
Así lo ha manifestado el director gerente de la Agencia del Agua de la Consejería de Fomento, Antonio Luengo, “la sentencia no nos da la razón en base a lo que se considera un informe objetivo de Francisco Cabezas, asesor de la Comisión y actual presidente de la Fundación del Instituto Mediterráneo del Agua, con sede en Alicante, una zona evidentemente interesada en lo contrario, en que se trasvase agua, y por tanto, con muchos intereses de los regantes de Alicante y Murcia; y que además hace asistencias técnicas para el MAPAMA”.
Así, ha resaltado el responsable del Agua, “nos parece totalmente de parte, sesgado e intencionado, pues curiosamente no se admiten como cuestiones objetivas dos informes que presentó Castilla-La Mancha. Por un lado, una nota del propio Ministerio, entonces el MAGRAMA y de la Confederación Hidrográfica del Tajo, diciendo que se habían llegado a los 900 hm3 -dato del conjunto embalsado en Entrepeñas y Buendía en aquel momento- y que es lo que cambiaría el sentido de la sentencia. Y en segundo lugar, un certificado del comisario de Aguas de la CHT donde también recoge el dato de que se había llegado ya esa cifra de 900 hm3.
Luengo ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha mantenido desde entonces que el umbral mínimo no trasvasable de 400 hm3 en los pantanos de cabecera de Entrepeñas y Buendía se alcanzó en marzo de 2014, porque el conjunto embalsado en aquel momento era de 900 hm3.
Antonio Luengo ha manifestado su queja porque “esos dos informes emitidos por el propio Estado, dice la sentencia que son parciales y que son ‘de parte’, mientras que el presentado por Cabezas, nos dice que es totalmente objetivo”. Por eso, ha remarcado que “respetando las decisiones judiciales, algunas veces éstas tienen un sesgo muy determinado hacia una dirección, como es concederle agua al Levante, incluso por encima del cumplimiento de las leyes. Una sentencia sesgada, interesada y dirigida por intereses que no tiene que ver con la justicia”.
En este sentido, como ha asegurado el director gerente de la Agencia del Agua, “desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no podemos quedarnos quietos ante una sentencia que consideramos lesiva para los intereses de esta región. Y sobre todo, una sentencia sobre la que se están haciendo trasvases de agua que han hipotecado la situación dramática actual que tiene la región, con un déficit de agua importantísimo, incluso con acepción a los abastecimientos”, pues como ha resaltado “esos trasvases no son legamente de aguas excedentarias, que es lo que permite realizar las transferencias de agua”.
Finalmente ha indicado que los Servicios Jurídicos de la Junta están trabajando ya para presentar un recurso de casación ante el TSJ, antes de los 30 días desde que se notificó la sentencia.
