La discriminación salarial golpea las bases del tejido social democrático. Carmen Quintanilla. Diputada Nacional PP

La brecha salarial sigue siendo, a día de hoy, uno de los mayores temas de discusión en nuestro país y sobre el que es necesario que se legisle.

Son muchas las variables que influyen y determinan la brecha salarial de género y que por tanto reflejan la discriminación que padecemos como sociedad por cuestiones de sexo, y que de manera directa están vinculadas a la educación y al propio mercado de trabajo.

La desigualdad salarial, acompaña y estigmatiza a las mujeres a lo largo de sus vidas ya que se traduce en una menor cotización a la Seguridad Social y un mayor índice de pobreza. Actualmente, el 22’86 por ciento de las mujeres de nuestro país cobran menos que los hombres por realizar el mismo trabajo que ellos. Es decir, más de siete millones de mujeres perciben casi 6.000 euros de media menos al año ocupando el mismo puesto y rango que un hombre. Una situación que, como sociedad, no podemos tolerar ya que no existe justificación para que un trabajo de igual valor no se remunere equitativamente.

Pero, lo que resulta aún más intolerante, es que la diferencia salarial sea más acusada en aquellas mujeres de mayor edad, en aquellas que siguen trabajando superados los 65 años de edad. En este caso, las mujeres cobran hasta un 50 por ciento menos que lo que cobra un hombre. ¿Este es el ejemplo de sociedad moderna y progresista que legamos a nuestros hijos?

En Europa, tan solo dos países, Islandia y Alemania, han adoptado medidas legislativas destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad salarial. Aunque con cierta desventaja, en España, no obstante, seguimos avanzando, gracias sobre todo, al Gobierno de Mariano Rajoy, durante el cual se ha logrado reducir la brecha: actualmente, nuestro país se encuentra medio punto por debajo de Francia, seis puntos por debajo de Reino Unido y hasta siete por debajo de Alemania. De hecho, ha sido el Gobierno de Rajoy el primero en poner en marcha el complemento de maternidad en las pensiones, que entró en vigor en enero de 2016. Sin duda, ha sido una de las medidas más justas y novedosas que con la que la sociedad ha saltado la brecha de desigualdad que existe en las pensiones y que supone que las mujeres con dos hijos o más vean incrementadas sus pensiones entre un 5 por ciento y un 15 por ciento.

Sin embargo, y aunque en estos últimos años hayamos progresado, como comunidad, en materia de igualdad, es necesario que sigamos trabajando, que España, se incorpore a la corta lista de países pioneros en poner fin a esta lacra social y económica que ‘condena’ a las mujeres para conseguir de esta forma alcanzar la igualdad de oportunidades por la que tanto tiempo llevamos luchando.

La información y la concienciación son esenciales a la hora de combatir la discriminación salarial y en esta labor, participamos todos, individualmente y como sociedad.

Carmen Quintanilla

Diputada Nacional. Presidenta de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas

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