El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha conseguido este lunes el compromiso del Gobierno central de intentar duplicar la capacidad de desalación en el Levante hacia el año 2021, para acabar haciendo “innecesario” el trasvase Tajo-Segura, así como de avanzar hacia un “auténtico” pacto del agua en el conjunto de España que traiga consigo “alternativas evidentes” a la gestión del agua. Así lo ha avanzado tras mantener en el Palacio de la Moncloa de Madrid su primera reunión oficial con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Para García-Page, esta medida permitiría “suavizar” la hipoteca que supone el trasvase Tajo-Segura para la región, y pone de manifiesto la sensibilidad “notablemente distinta” que tiene este Ejecutivo respecto del anterior ante una infraestructura que “se ideó en la dictadura, pero que en democracia no se haría».
“En el medio y largo plazo seguiremos discutiendo por los trasvases”, ha augurado el presidente, “y si siguen haciendo trasvases no ajustados a derecho, seguiremos recurriendo y tomando decisiones», porque Castilla-La Mancha tiene un “derecho claro” a que esta hipoteca “no sea eterna y finalice de manera abrupta o buscando alternativas».
Por ello, García-Page ha asegurado que a pesar de que la posición que debe tomar el Gobierno nacional será «controvertida para todos», hay un reconocimiento “evidente” de que los planes hidrológicos, tal y como están, no tienen “vocación de duración” y, por lo tanto, “tendrán que ser revisados”. Por ello, ha reclamado nuevamente que se eleve la cantidad mínima a partir de la cual se puede trasvasar y que se reduzca el precio del agua desalada.
PAC
García-Page ha asegurado, además, contar con el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez de “dejarse la piel” para que España consiga una financiación similar a la que tenía anteriormente dentro de la Política Agraria Comunitaria (PAC), algo “muy importante para toda España, pero prioritario para Castilla-La Mancha”, donde se benefician más de 125.000 familias.
