La Plataforma en Defensa de la Agricultura Ecológica de Castilla-La Mancha ha expresado su “profunda preocupación y rechazo” ante las recientes acciones emprendidas por el Gobierno regional dirigidas “contra los agricultores ecológicos”.
Desde la Plataforma han indicado que, en los últimos días, miles de agricultores han recibido notificaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha reclamando supuestas deudas correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017.
«Irregularidades administrativas»
Estas reclamaciones se producen “tras una serie de irregularidades administrativas que han dejado a los agricultores afectados en una situación de indefensión jurídica”, han señalado.
Por ello, han lamentado la falta de comunicación de incidencias, pues, en su momento, la Consejería de Agricultura “no informó adecuadamente a los agricultores sobre las supuestas incidencias detectadas, impidiéndoles presentar las alegaciones correspondientes en plazo”.
Han lamentado también que se han realizado inspecciones de campo por personal no funcionario sin notificación al agricultor para que pudiera aclarar las posibles discrepancias.
Ausencia de respuesta a las reclamaciones
A eso, han añadido la ausencia de respuesta a las reclamaciones de los agricultores que presentaron alegaciones, que “no han recibido respuesta ni explicación alguna por parte de la administración, vulnerando su derecho a la defensa”.
Además, han destacado que, según la normativa vigente, las supuestas deudas reclamadas estarían prescritas, dado que han transcurrido más de cuatro años desde el periodo en cuestión.
Esta situación se suma a una serie de decisiones políticas que han perjudicado gravemente al sector de la agricultura ecológica en la región, han denunciado.
Recortes en las ayudas
Entre ellas, los recortes en las ayudas en 2015, cuando el Gobierno de García-Page redujo en un 67% las ayudas destinadas a la agricultura ecológica, afectando a miles de familias.
Al respecto, han indicado que la Comisión Europea ha reconocido que es el Gobierno de Castilla-La Mancha quién ordenó recortar la ayuda. También en 2023 se produjo un recorte similar, expulsando a 5.000 agricultores del sistema de ayudas.
Se han referido también al “desvío de fondos”, pues se ha priorizado la asignación de recursos a empresas públicas como GEACAM, en lugar de fortalecer el cuerpo de funcionarios y garantizar una gestión transparente y eficiente de las ayudas.
Así, desde la Plataforma en Defensa de la Agricultura Ecológica de Castilla-La Mancha consideran “inaceptable” que, en lugar de apoyar y fomentar la agricultura ecológica, el Gobierno regional implemente medidas que generan “inseguridad jurídica y económica” entre los agricultores.
Medidas exigidas
Por todo ello, exigen al Gobierno de Castilla-La Mancha:
-La retirada inmediata de las reclamaciones indebidas enviadas a los agricultores ecológicos.
-La depuración de responsabilidades por “las irregularidades administrativas cometidas”.
-El restablecimiento de las ayudas a la agricultura ecológica a niveles anteriores a los recortes, garantizando el apoyo necesario para el desarrollo sostenible del sector.
Por último, señalan que la Plataforma continuará defendiendo los derechos de los agricultores ecológicos y no descartamos emprender acciones legales para frenar esta “persecución administrativa” que pone en riesgo el futuro de la agricultura sostenible en Castilla-La Mancha.
