Primero fue el Congreso de los Diputados y ahora ha sido el Senado, cuya Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha pedido al Gobierno ayudas directas a los cerealistas para compensar las pérdidas por el desplome de precios, presentada por el PP.
La moción recoge que el sector cerealista español atraviesa una grave crisis de rentabilidad que pone en riesgo su continuidad y la sostenibilidad de miles de explotaciones agrarias en nuestro país como consecuencia del hundimiento de los precios de los cereales y los altos costes de producción que no paran de subir.
El Congreso aprueba una Proposición de apoyo a los cerealistas
En el texto se aportan cotizaciones de las lonjas de León, con precios por debajo de los costes medios de producción.
Esgrimen que esta caída sostenida de precios, unida al encarecimiento de insumos como fertilizantes, fitosanitarios, gasóleo agrícola y electricidad, y el incremento de los costes laborales, está generando una crisis estructural que amenaza la continuidad de miles de explotaciones familiares.
A esta situación se añade la entrada masiva de cereal procedente de terceros países, que no cumplen las exigencias medioambientales, sanitarias ni laborales impuestas a los productores comunitarios. Esta competencia desleal provoca una distorsión en el mercado que el Gobierno de España no ha sabido ni querido abordar, permitiendo una asfixia lenta pero constante del productor nacional, contempla la moción.
Añaden que la aplicación precipitada del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia “De la Granja a la Mesa”, sin una evaluación de impacto económico ni acompañamiento presupuestario, ha añadido una carga adicional de exigencias que restan competitividad al agricultor español, sin garantizar mejoras reales en sostenibilidad.
Ante esta situación, desde el Grupo Parlamentario Popular consideran “imprescindible” adoptar con urgencia un paquete de medidas que proteja al sector cerealista, recupere su rentabilidad y garantice su competitividad en un mercado globalizado.
Medidas solicitadas
Las medidas solicitadas son:
–Aprobar un paquete de ayudas directas al sector cerealista, con cargo a los fondos de reserva de crisis de la PAC, para compensar las pérdidas por el desplome de precios y el incremento de costes de producción.
–Reforzar los mecanismos de control en frontera para garantizar que los cereales importados desde terceros países cumplan los mismos estándares sanitarios, ambientales y laborales que los exigidos a los productores europeos, garantizando que las importaciones cumplan las mismas exigencias que se imponen a los productores nacionales aplicando la denominada cláusula espejo.
–Impulsar la revisión de los acuerdos comerciales internacionales, en el marco de la Unión Europea, para salvaguardar los intereses del sector agrario cerealista español frente a importaciones desleales.
–Revisar y flexibilizar las exigencias medioambientales y administrativas derivadas del Pacto Verde Europeo, de la Estrategia del Campo a la Mesa y de la PAC, estableciendo medidas qué no limiten la producción cerealista, flexibilizando la condicionalidad reforzada para poder potenciar al máximo la producción de cereales.
