La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo aprobó este lunes en Estrasburgo una posición sobre la Política Agraria Común (PAC) post 2027.
El Informe de Iniciativa Propia, liderado por la eurodiputada española Carmen Crespo, ha sido elaborado con el objetivo de concretar un posicionamiento común de toda la Eurocámara sobre un tema de tanta relevancia política, social y económica para la Unión.
Marco Financiero Plurianual
Aunque el texto no es vinculante, con él se pretende influir en la propuesta legislativa relativa a la PAC post 2027 y al futuro Marco Financiero Plurianual que la Comisión Europea presentará el próximo 16 de julio. Además, será refrendado por el Plenario del Parlamento tras el verano.
La Coalición Por Otra PAC valora positivamente algunos aspectos. Celebra, en particular, el respaldo a una PAC con un fondo propio, dotada con un mayor presupuesto y estructurada en torno a los dos pilares actuales con un porcentaje mínimo del presupuesto para apoyar las rentas de las explotaciones.
También considera un avance el recordatorio a los Estados miembros sobre la necesidad de implementar medidas específicas para mujeres en sus planes estratégicos nacionales, una deuda pendiente en la mayoría de países.
Ecorregímenes
No obstante, el informe presenta limitaciones importantes. Aunque reconoce la utilidad de los ecorregímenes y de las medidas agroambientales, no plantea un mecanismo de financiación obligatoria y suficiente (ringfencing) para garantizar su implementación.
De igual modo, se limita a pedir un estudio sobre herramientas redistributivas como el capping (que consiste en limitar los pagos directos por explotación agrícola, especialmente a grandes explotaciones, para repartir las ayudas de manera más equitativa), sin exigir su aplicación. Esto debilita el compromiso con una PAC más justa y que ayude a quien más lo necesita que, en muchos casos son las plantaciones pequeñas y medianas.
Por Otra PAC lamenta también la falta de ambición en cuestiones clave. El texto omite los beneficios de una condicionalidad reforzada que vincula el cobro de ayudas a los agricultores al cumplimiento de una serie de requisitos y normas obligatorias en materia de protección medioambiental, seguridad alimentaria, bienestar animal y mantenimiento del suelo, tan necesarias para la sostenibilidad de la producción y la salud de quiénes producen alimentos y los consumen.
Los europarlamentarios solo señalan que supone mayor carga administrativa. Es el mantra que llevan repitiendo las instituciones europeas y que puede desencadenar en sustituir las obligaciones por incentivos.
Derechos históricos
Además, no plantea ni la supresión de los derechos históricos ni la necesidad de desvincular las ayudas del criterio de superficie, pilares esenciales para lograr una PAC verdaderamente transformadora.
La Coalición espera que todas estas consideraciones sean reparadas en el texto final que la Eurocámara aprobará tras el verano, así como en la propuesta legislativa que el Comisario de Agricultura, Christopher Hansen, presentará el próximo 16 de julio.
