La Unión Extremadura ha recordado que en la campaña 2018-2019 se produjo una sequía importante que afectó a la producción de pastos para la alimentación del ganado en prácticamente toda España, llegándose a catalogar como el segundo año más seco de lo que va de siglo.
Una parte importante de ganaderos tenían suscritos sus correspondientes seguros de pastos con la Agroseguro y llegado el mes de junio de 2019 pudieron apreciar por las tasaciones realizadas por esta entidad que no reconocían la gravedad de dicha sequía, por lo que las indemnizaciones abonadas a los ganaderos apenas cubrían, en el mejor de los casos, el importe de la póliza.
Reclamación judicial
Tras meses de reclamaciones a Agroseguro y la negativa de la misma a indemnizar en base a los datos reales, un grupo de ganaderos bajo, la dirección de la Unión Extremadura, comenzaron los trámites para reclamar judicialmente “lo que realmente se les debía por el impacto de la sequía en sus explotaciones”.
La primera demanda se interpuso en el Juzgado de Trujillo y el resto se acordó esperar a ver la resolución de este Juzgado.
El Juzgado de Trujillo reconoció el derecho de los asegurados a un importe superior al pagado por Agroseguro por los daños producidos por la sequía. Esta sentencia fue recurrida a la Audiencia Provincial de Cáceres, la cual ratificó no solo el derecho a las indemnizaciones a los ganaderos sino que además cargaba las costas a Agroseguro.
Agroseguro volvió a recurrir ante el Tribunal Supremo “en un claro intento de retrasar al máximo el pago a los ganaderos para desincentivar posteriores demandas”, señalan desde la organización agraria.
Ahora, el Juzgado ha aprobado el pago provisional de las indemnizaciones de Agroseguro y los ganaderos afectados han comenzado a recibirlo, aunque sin los intereses, que también están reclamados.
Desde La Unión lamentan que “no se puede permitir que tengamos que tardar siete años para que los primeros ganaderos cobren los importes asegurados en el 2018; no se puede permitir que Agroseguro utilice esta táctica de entorpecer la resolución de expedientes que se debieron pagar en junio del 2019”.