“No es solo una trampa. Es un delito”. Con este lema, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha puesto en marcha una campaña de concienciación para promover un uso responsable del agua en el Alto Guadiana.
El objetivo es doble: alertar sobre la manipulación de contadores volumétricos en captaciones de aguas subterráneas y sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias de estas prácticas ilegales.
Año tras año, el Organismo de cuenca viene observado que este tipo de prácticas, que persiguen la extracción de aguas fuera del control administrativo para multiplicar por cuatro o cinco veces el derecho que tienen asignado, se han convertido en una conducta habitual y extendida en todo el territorio del Alto Guadiana, con ejemplos en los términos de Campo de Criptana, Daimiel, Alcázar de San Juan o Tomelloso (Ciudad Real); Corral de Almaguer (Toledo); Villarrobledo (Albacete) o Las Pedroñeras (Cuenca).
1.200 millones de litros de agua
El consumo fraudulento, en los casos detectados, supera ya los 1.200 millones de litros de agua. El consumo diario en un hogar de España apenas supera los quinientos litros.
Frente a esta situación, la CHG ha decidido intensificar sus esfuerzos con una campaña de comunicación en medios locales y regionales —especialmente en radio, pero también en prensa gráfica— dirigida tanto a regantes como a la población en general.
La iniciativa busca, por un lado, disuadir a quienes incurren en prácticas fraudulentas, y por otro, implicar a la sociedad en la defensa de un recurso esencial cuyo uso indebido afecta a todos. Muchas veces, estas conductas son conocidas, pero no siempre se comprende su gravedad ni sus consecuencias a largo plazo.
Además, la campaña quiere reconocer públicamente a las explotaciones agrícolas que hacen un uso responsable del agua, apostando por la sostenibilidad y contribuyendo al bienestar de las generaciones presentes y futuras.
La CHG recuerda que su servicio de vigilancia trabaja día y noche, en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, para controlar las extracciones, sancionar las manipulaciones y asegurar una gestión eficiente de este recurso tan escaso como imprescindible.
