Agricaman (Agricultores y Ganaderos Independientes de Castilla-La Mancha) denuncia que el Gobierno de Castilla-La Mancha “ha cruzado todas las líneas rojas” al iniciar los procedimientos de deslinde en las localidades toledanas de Mora y Ajofrín, afirmando “que no son otra cosa que una expropiación encubierta contra los agricultores y propietarios de estas tierras”.
Deslinde de un camino
Argumentan que “el deslinde de un camino que no existe es expropiar. Y ampliar la anchura de un supuesto camino hasta 75 metros también es expropiar. Tanto el camino de Mora como la ampliación planteada en Ajofrín no aparecen ni en el Registro de la Propiedad ni en el Catastro, lo que demuestra que no existen legalmente. Por tanto, por mucho que el Gobierno de García-Page insista en lo contrario, estos deslindes sí suponen una expropiación en toda regla”.
Afirman que “el Gobierno regional miente cuando asegura que el deslinde no afecta a los intereses de los agricultores” y el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, José Rubén Torres, ha enviado un escrito al alcalde de Mora afirmando que “no se generará ningún problema que afecte al interés agrícola y económico de los vecinos”.
Sin embargo, apuntan que la realidad es que “con cada deslinde se declara que esas tierras pertenecen a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, arrebatándoselas a los agricultores que las han trabajado durante generaciones. Decir lo contrario es faltar a la verdad”.
Además, califican de “intolerable” que Torres, máximo responsable provincial del procedimiento, se haya excusado diciendo que “en agosto no tiene tiempo” para tratar este asunto, demostrando “una irresponsabilidad política y una falta de respeto absoluta hacia el campo toledano”.
Piden ceses inmediatos
Por ello, Agricaman exige su cese inmediato, junto al de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y la delegada provincial de Agricultura, Elena Mora, vecina de la propia localidad de Mora, “que ni defiende a los agricultores ni a sus propios vecinos”.
Agricaman recuerda que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es un ente político creado a partir de 1978 “y que ahora pretende atribuirse como propios caminos y terrenos anteriores a su existencia, cuando, en todo caso, habrían pertenecido al Estado. Se trata, por tanto, de un acto político de apropiación arbitraria, fuera de toda lógica histórica y jurídica”.
