La Comisión Europea ha aprobado, durante la última reunión del Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (SCoPAFF) sobre legislación fitofarmacéutica, la ampliación del plazo para la obligatoriedad del cuaderno de explotación digital para los fitosanitarios.
1 de enero de 2027
Esta medida permitirá a los Estados miembros posponer la obligación del 1 de enero de 2026 al 1 de enero de 2027.
ASAJA ha afirmado que esta decisión, confirmada verbalmente al Copa-Cogeca por la Comisión, supone “una gran noticia” para el sector agrario europeo y, en particular, para el español.
Desde la organización agraria recuerdan que hace tan solo seis meses, la Comisión consideraba “poco factible” aprobar un retraso de un año en la entrada en vigor de esta obligación.
Sin embargo, la labor conjunta de Copa-Cogeca y ASAJA ha conseguido revertir esta postura, logrando que se introduzca una cláusula de flexibilidad que proporciona seguridad jurídica y margen de adaptación a los agricultores profesionales de toda la Unión Europea.
Gobierno de España
Tras este resultado en el SCoPAFF, ASAJA exige al Gobierno de España que adopte formalmente esta prórroga y se acoja a la posibilidad de retrasar la obligación hasta 2027.
No obstante, la organización reclama un aplazamiento indefinido de la medida hasta que existan garantías reales de transición, con condiciones adecuadas para su aplicación en el medio rural.
ASAJA advierte de que, a día de hoy, no todos los agricultores disponen de conexión a internet suficiente, especialmente en zonas rurales con brecha digital, ni cuentan con el asesoramiento ni la formación necesarios, especialmente entre los agricultores de mayor edad.
Carga administrativa adicional
Además, la organización agraria recuerda que esta obligación no puede suponer una carga administrativa adicional para los productores.
Desde ASAJA indican que este es un paso “muy importante” para reducir la incertidumbre del sector sobre este asunto e igualmente debe ir seguido de un desarrollo práctico del contenido de la reglamentación europea, que en el caso español se ha planteado con una carga administrativa “compleja e inasumible” para las explotaciones (tipo de formato electrónico, plazos de comunicación de datos, etc.) que se debe evitar de cara a su futura implementación.
Por último, ASAJA insta a las comunidades autónomas y a sus consejerías de Agricultura “a presionar al Gobierno central para que haga oír la voz del campo español y defienda esta posición a nivel comunitario”.
