Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se felicita de que la Comisión Europea haya puesto sobre la mesa el aplazamiento de la entrada en vigor de la obligación de llevar el registro electrónico de uso de productos fitosanitarios, prevista originalmente para el 1 de enero de 2026.
Brecha digital en el medio rural
Unión de Uniones, el pasado marzo, ya trasladó formalmente al Comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, la preocupación de los agricultores ante la imposición de un sistema electrónico que muchos no estaban en condiciones de aplicar debido a la brecha digital existente en el medio rural.
En su escrito, la organización reclamaba que se revisara el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564 y se aplazara su entrada en vigor, introduciendo además flexibilidades para las pequeñas y microexplotaciones agrarias, que difícilmente pueden asumir los costes tecnológicos y formativos asociados.
En mayo, la Comisión respondía a la organización reconociendo que algunos usuarios, en particular los agricultores de mayor edad o con menos medios, efectivamente podían tener dificultades para cumplir el requisito, y asegurando que estaba trabajando con los Estados miembros para que la aplicación se hiciera sin generar cargas adicionales.
Posponer un año la aplicación
La decisión ahora conocida de posponer un año la aplicación del registro electrónico va en la línea de lo solicitado por Unión de Uniones, y demuestra que la Comisión ha tomado en consideración las preocupaciones trasladadas por la organización y por diversos Estados miembros.
“De todas formas, creemos que un año es poco” consideran desde Unión de Uniones, que valora positivamente que la Comisión haya escuchado, aunque sea parcialmente, sus demandas y haya optado por un enfoque más realista y adaptado a la situación del sector.
Asimismo, Unión de Uniones seguirá de cerca el trámite de la modificación del Reglamento y se ha dirigido por escrito nuevamente al Comisario de Agricultura para solicitar que dicha revisión incluya expresamente una excepción para las pequeñas y microexplotaciones agrarias.
“Gracias al acuerdo de las 43 medidas, ya logramos que el cuaderno digital no fuera obligatorio” recuerdan desde la organización “y vamos a seguir trabajando para que no se complique ni se encarezca innecesariamente la gestión de nuestras explotaciones y, sobre todo, de las más modestas”.
Unión de Uniones considera que, en todo caso, los poderes públicos deben actuar para garantizar la conectividad y capacitación adecuadas en el medio rural, paso previo indispensable para la digitalización del campo y el cumplimiento y adaptación de las normativas que de esto dependan.
