Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, a través de su organización en la Comunidad Valenciana, La Unió Llauradora, estima que existen unas 214.200 toneladas de pérdida de capacidad productiva en los diferentes cultivos con un valor de 103,6 millones de euros.
Comunitat Valenciana
Es una cantidad que no ingresarán los productores afectados de la Comunitat Valenciana en los principales cultivos que se vieron más perjudicados como es el caso de los cítricos, caqui, viña, olivar, frutos secos, frutales, hortalizas y viveros de flor y planta ornamental.
Unión de Uniones considera que un año después de la dana, la recuperación es muy desigual. Hay explotaciones agrícolas que han podido rehacerse parcialmente gracias a las ayudas, a las actuaciones de Tragsa y al esfuerzo de los agricultores y a la solidaridad del sector, pero en muchas zonas las infraestructuras agrarias -como por ejemplo caminos, acequias o sistemas de riego- siguen sin estar plenamente operativas. Además, las ayudas públicas llegan con bastante lentitud.
Seguros agrarios
Las ayudas directas de las administraciones que llegaron al principio y las indemnizaciones de Agroseguro fueron un apoyo necesario para iniciar la recuperación, pero claramente insuficientes para compensar la magnitud de los daños porque hay que tener en cuenta que la mayoría de ellas han sido establecidas con el régimen de minimis y por tanto, la ayuda máxima a la que ha podido acceder un agricultor o ganadero afectado es de 25.000 euros, totalmente insuficiente para recuperar sus explotaciones con garantías suficientes para recuperar la capacidad productiva.
Unión de Uniones denuncia el limbo administrativo en el que se encuentran alrededor del 6% de las parcelas afectadas por la dana, las que habría incorporado el Gobierno al Dominio Público Hidráulico (DPH) y cuyos propietarios no saben cuándo cobrarán las ayudas ni lo que les corresponderá.
La organización ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que resuelva todas esas incertidumbres y además garantice los derechos de los propietarios.
PAC
Numerosas parcelas con actividad agraria consolidada, algunas con derechos reconocidos dentro de la PAC y otras incluso con autorizaciones de riego, van a ser incorporadas al Dominio Público Hidráulico, lo que les va a causar un enorme impacto económico y jurídico.
Unión de Uniones reclama al Ministerio también una compensación económica justa que contemple el valor del suelo, la pérdida productiva y los daños ocasionados.
Pide mantener los derechos de la PAC y de plantación de viñedo a nombre de los agricultores afectados para su futura reactivación en otras parcelas.
Además, solicita conservar los derechos de riego y permitir su traslado a terrenos de sustitución, garantizando también nuevas autorizaciones equivalentes para pozos individuales.
