ASAJA ha informado que la Justicia da la razón al sector porcino y anula la ampliación obligatoria del espacio por cerdo.
La sentencia confirma lo que la organización denunció desde el primer día: no se puede legislar “a golpe de decreto sin evaluar la ruina que supone para el ganadero”.
Indican que el Tribunal Supremo ha puesto freno “a la deriva legislativa” del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Ganadería intensiva española
En una sentencia “que marca un antes y un después” para la ganadería intensiva española, la Sala Tercera ha declarado la nulidad del apartado 4 de la disposición final cuarta del Real Decreto 159/2023, la normativa que pretendía endurecer unilateralmente las condiciones de bienestar animal exigiendo más superficie libre por cerdo en las granjas.
Este fallo no es solo una victoria jurídica para la empresa recurrente -la ganadera navarra Granja Los Alecos S.L.-, sino un respaldo total a los argumentos que ASAJA y el resto del sector han defendido ante una Administración “que parecía sorda a la realidad económica del campo”.
Legislar sin hacer los números
El Alto Tribunal ha sido contundente en su argumentación. La nulidad de la norma se basa en un vicio de procedimiento inaceptable: la insuficiencia de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN).
Cuando el Gobierno aprobó este decreto en marzo de 2023, aseguró en su memoria económica que la medida tendría un impacto «nulo» o mínimo. El Supremo ha calificado esta afirmación de irreal. Los magistrados razonan que exigir una menor densidad de animales (más metros cuadrados por cerdo) tiene una «innegable repercusión económica» que el Ministerio ocultó o ignoró deliberadamente.
La lógica es aplastante
Menos animales o más ladrillo: Para cumplir con las nuevas tablas de densidad, el ganadero solo tenía dos opciones: reducir su cabaña (y por tanto sus ingresos directos) o acometer costosas inversiones para ampliar las naves.
Costes inasumibles
El sector había estimado que la adaptación a estas nuevas normas supondría un coste medio de más de 300.000 euros por explotación o una reducción de la capacidad productiva nacional de entre 4 y 8 millones de cerdos al año (entre un 7 % y un 16 % de las plazas).
¿Qué implica esta sentencia para el ganadero?
La anulación tiene efectos inmediatos y directos sobre la planificación de las granjas:
-Adiós a las nuevas tablas de densidad: Quedan anuladas las exigencias de superficie ampliada que imponía el RD 159/2023 para lechones destetados y cerdos de producción.
-Vuelta a la norma anterior: Al decaer este apartado, la referencia normativa para la densidad en granja vuelve a ser la establecida en el Real Decreto 1135/2002, eliminando la obligación de acometer obras urgentes o sacrificar rentabilidad reduciendo animales antes de 2025.
-Seguridad jurídica: La sentencia sienta un precedente aviso a navegantes para el Ministerio: no se pueden aprobar normativas medioambientales o de bienestar animal (como la futura Ley de Bienestar Animal europea) sin una memoria económica real que cuantifique el daño al productor.
Desde ASAJA celebran que el Tribunal Supremo haya puesto negro sobre blanco lo que era una evidencia en el campo. “Somos los primeros interesados en cuidar nuestro ganado, pero nos oponemos frontalmente “a la demagogia legislativa”.
