El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha expresado este miércoles en Albacete, la “tremenda preocupación” ante el nuevo ciclo de planificación hidrológica 2028-2033, iniciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Morcillo ha lamentado que se trata de “un ataque sin precedentes al regadío castellano-manchego”, tras analizar los Esquemas Provisionales de Temas Importantes de las principales demarcaciones hidrográficas que afectan a la región, en periodo de consulta pública,
Entre otras cuestiones, UPA ha solicitado una reunión urgente con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, responsable de las competencias en materia de agua, para conocer la posición del Gobierno regional y trasladarle la preocupación del sector.
Reducciones de dotaciones de riego
Ha alertado de que en todas las cuencas presentan reducciones de dotaciones de riego, reducciones de superficie regable, extinción de derechos de riego, reconversión forzosa hacia secanos.
Morcillo recuerda que el 80 % del regadío regional depende de aguas subterráneas, y la mayor parte de los acuíferos están catalogados en “mal estado cuantitativo o cualitativo”, lo que convierte estas medidas en un escenario crítico y potencialmente irreversible para el tejido productivo.
Demarcación hidrográfica del Guadiana
El documento plantea tres alternativas, pero tanto la Dirección General del Agua, como la Confederación Hidrográfica del Guadiana se posicionan por la reducción progresiva de superficie de regadío; el fomento del riego deficitario; la reconversión obligatoria hacia secano tecnificado; incentivos para el abandono voluntario del regadío; fomentar la comercialización de productos de secano; restricciones a la comercialización de productos de regadío; compra de derechos, priorizando la zona de las Tablas de Daimiel, llegando incluso a proponer expropiaciones forzosas de derechos consolidados; extinción de concesiones y cierre del catálogo de aguas privadas.
Plan Especial del Alto Guadiana
A UPA le preocupan sobremanera las concesiones regularizadas a través del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), exigiendo una aclaración inmediata sobre la referencia a la extinción de concesiones al finalizar sus plazos, lo que afecta directamente a los expedientes de leñosos regularizados mediante el PEAG, sustentados en derechos adquiridos.
“Consideramos inaceptable que estos títulos concesionales puedan recibir un trato distinto al de cualquier otra concesión en vigor”, ha señalado el representante agrario.
La propuesta de aumentar recursos humanos para, “en particular para agilizar extinciones de concesiones” es, en palabras de la organización, “un insulto” para agricultores que llevan más de una década esperando respuesta de una administración incompetente. Solo este punto sería suficiente para pedir la dimisión del responsable de planificación.
UPA se pregunta dónde queda el compromiso pendiente de resolver la situación de las explotaciones prioritarias en Alto Guadiana.
Demarcación Hidrográfica del Segura
La Confederación Hidrográfica del Segura ha planteado como estrategia de futuro la reducción de las extracciones de aguas subterráneas, priorizando por otras fuentes como la desalinización, allí donde esta alternativa sea viable, evidentemente, al sudeste de Albacete se le considera “zona sin alternativa viable”.
Lo que plantea el Estado para el sudeste de Albacete es una reducción drástica de extracciones, de los 86,8 hectómetros cúbicos de concesión anual a los ocho acuíferos de la provincia a 30,9 hm³.
Los documentos cuantifican pérdidas en la demarcación de 277 millones euros al año de costes socioeconómico, y más de 100 del valor de la producción agraria.
“Esto significa el paso masivo al secano en municipios como Tobarra, Ontur, Albatana, Fuente Álamo o Montealegre del Castillo”, ha denunciado Morcillo.
Demarcación Hidrográfica del Júcar
En el Júcar, UPA considera el documento “desequilibrado”, pues con el 71 % de la superficie de la cuenca en Castilla-La Mancha, el plan sigue aumentando transferencias hacia aguas abajo (Albufera, Vinalopó, áreas urbanas de Valencia y Sagunto).
UPA ha solicitado una reunión con la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) para coordinar una posición conjunta en defensa de los intereses de la región.
Exigencias de UPA Castilla-La Mancha
La organización agraria considera “imprescindible” que el Gobierno regional adopte una posición clara y firme en defensa del regadío en el nuevo proceso de planificación 2028-2033.
“Es clave revisar el planteamiento general, rechazamos los recortes indiscriminados de superficies y dotaciones”, y se debe reconocer la singularidad socioeconómica del regadío regional, que sustenta miles de empleos y fija población en zonas rurales.
Por último, señala que es necesario considerar la justificación de la exención de objetivos medioambientales de las masas de agua bajo el art 4.5. de la Directiva Marco del Agua, apostando por un horizonte de cumplimiento más allá del 2027. Esta justificación estaría basada en el impacto socioeconómico y el coste “desproporcionado” de las medidas que serían necesarias para conseguir la recuperación de las masas de agua en mal estado.
