La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha reclamado al Ministerio para la Transición Económica y el Reto Demográfico (MITECO) que rectifique su planteamiento sobre la posible revisión y extinción de derechos de agua en el Guadiana, y defiende la plena vigencia del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG).
UPA ha calificado de “desafortunada y profundamente provocadora” la segunda visita a la región de la directora general del Agua, en el marco de la II Jornada Técnico-Jurídica organizada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en Ciudad Real bajo el título ‘Consideraciones sobre el derecho al uso privativo de las aguas subterráneas’.
“Resulta inaceptable que se traslade públicamente la idea de que el Ministerio abra la puerta a revisar y extinguir derechos de agua en el Alto Guadiana. Este no es el camino”, ha señalado con contundencia el secretario general de la organización, Julián Morcillo, tras escuchar las palabras de la directora general.
Según Morcillo, en Castilla-La Mancha existía una fórmula de consenso que alcanzó su máxima expresión en el PEAG y el Consorcio. “Allí trabajaron de la mano el Gobierno de España y el Gobierno regional. Se plantearon actuaciones estructurales como la Tubería Manchega, la compra de derechos legalmente inscritos en el Registro de Aguas y la regularización de explotaciones de leñosos. Un modelo basado en el diálogo, la participación y la corresponsabilidad institucional”, ha afirmado.
La organización agraria advierte que “no va a aceptar que ahora se pretenda sustituir el consenso social y político por construcciones jurídico-administrativas orientadas a justificar decisiones ya redactadas y escenificadas en la jornada de Ciudad Real”.
Alto Guadiana
UPA recuerda que el Alto Guadiana concentra más de la mitad del regadío de la región, con lo que supone a nivel social y económico. De él depende una parte sustancial de la economía regional, no solo del sector agrario, sino también de la agroindustria, el empleo y la fijación de población en el medio rural.
Plantear en una jornada jurídica la posible extinción de derechos consolidados constituye “una provocación innecesaria y una amenaza directa a la estabilidad socioeconómica del territorio. Más aún cuando en otras cuencas hidrográficas se habla de garantizar derechos mediante desalinización o trasvases. “Es una doble vara de medir que no podemos aceptar”, ha afirmado.
Como ya ha denunciado en otras ocasiones, UPA incide en la situación de bloqueo administrativo que arrastran numerosos expedientes en la Confederación. Morcillo ha lamentado que “demuestra ser una inútil en la gestión administrativa, con agricultores que llevan más de cuatro años esperando una resolución. Y en casos la respuesta que reciben es que deben esperar dos o tres años más”.
Desde UPA exigen al MITECO y al Gobierno de España que reconduzcan su posición con Castilla-La Mancha y que abandonen cualquier planteamiento que suponga la revisión o extinción masiva de derechos en el Alto Guadiana.
