El sector ganadero pide una prórroga que garantice la recogida de leche mientras se negocia una solución

Lamentan que las ofertas recogen bajadas de precios del 14 por ciento sobre los 52 céntimos/litro actuales

vacas campo

Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, ASAJA, UCCL y la Alianza UPA-COAG, en unidad de acción, solicitan a las industrias lácteas que operan en Castilla y León, y en particular a las que son más relevantes o señeras por marca o por volumen de negocio, que prorroguen quince días, al menos hasta mediados de abril, las negociaciones para los acuerdos de los contratos lácteos que vencen ahora el 31 de marzo.

Argumentan que la negociación está siendo “muy precipitada”, ya que las empresas han esperado a los últimos días para hacer sus ofertas, al margen de que con carácter general las están haciendo verbales y no por escrito.

52 céntimos de euro el litro

Lamentan que las ofertas recogen bajadas de precios del 14 por ciento sobre los 52 céntimos/litro actuales

Las OPA denuncian que con este proceder, y siendo la leche un producto perecedero, las empresas juegan “con ventaja en la negociación y pueden imponer todas y cada una de sus condiciones, sin que la Ley de la Cadena Alimentaria surta los efectos para los que fue creada”.

1 de abril

Dejar de recogerles leche el día 1 de abril, a quienes no tengan todavía suscritos los contratos, se entendería como “un chantaje, y convertiría a la Ley en una herramienta a favor de los intereses de la parte industrial”.

ASAJA, UCCL y la Alianza UPA-COAG piden prolongar el periodo de negociación, que las industrias hagan sus ofertas por escrito, que se recoja toda la leche mientras se siga negociando, y que el precio finalmente pactado tenga retroactividad desde el1 de abril.

Ante la magnitud del problema que se presenta, con caídas de precios de hasta el 14 por ciento, las Organizaciones Profesionales exigen a las administraciones públicas, Estado y Junta de Castilla y León, que, se ofrezcan a mediar entre las partes, para que vigilen que se cumplen las normas en vigor, en particular la Ley de la Cadena Alimentaria y que no hay pactos de precios entre los principales operadores.

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