El cabeza de lista de la coalición ‘Unidos Podemos’ al Congreso de los Diputados por la provincia de Guadalajara, Ariel Jerez y el diputado regional de esta formación, David Llorente, han visitado el municipio de Cogolludo (Guadalajara), para conocer de primera mano la problemática de la obra de construcción y mejora del regadío proyectado en la zona. Allí se han entrevistado con agricultores locales, que les han aportado información detallada sobre el desarrollo y la situación del proyecto.
De acuerdo con el testimonio de estos agricultores, el regadío de Cogolludo se formuló como promesa electoral por primera vez en 1995, aunque no sería hasta 2001 cuando la Consejería de Agricultura comenzó a impulsarlo en la práctica. Desde entonces, el proyecto, más ambicioso en sus inicios, ha pasado por diferentes fases y los agricultores han tenido que hacerse cargo del coste de construcción de la balsa, «cuando esta se considera de interés general y la partida correspondiente de 845.000 euros debería haber sido sufragada íntegramente por la Junta de Comunidades», han indicado los responsables de Podemos.
Todas estas modificaciones sustanciales, con importantes repercusiones económicas, han explicado desde Podemos, se han llevado a cabo «sin informar ni consultar a los agricultores, quienes solicitaron en su momento un préstamo a Caja Guadalajara conforme al proyecto inicial y a los compromisos adquiridos por la Junta». La situación se agravó cuando la Junta dejó de cumplir sus compromisos y la empresa adjudicataria entró en concurso de acreedores.
Lamentable estado de abandono y deterioro
Cerca de la mitad de los regantes han renunciado ya al proyecto, cuya balsa de distribución está en «lamentable estado de abandono y deterioro» y cuestionan en cualquier caso la rentabilidad del regadío. A Llorente y Jerez les ha sorprendido particularmente que esta obra pública se encuentre ubicada dentro de una finca privada, pese a que los regantes habían reclamado que se construyese en un extenso terreno colindante de monte público.
Según ha señalado Ariel Jerez, “este parece ser un caso típico de un patrón más amplio en España, asociado a políticas de extensión del regadío y las infraestructuras hidráulicas, en el que se conjugan los hechos consumados, la falta de transparencia y el endeudamiento inducido de las administraciones públicas y los pequeños productores.” Este patrón ha
sido denunciado en el ‘Estudio sobre la estructura de la propiedad de la tierra en España: Concentración y acaparamiento’, promovido por diversas organizaciones agrarias y presentado en marzo de este año en el Congreso de los Diputados.
Petición de informe en las Cortes Regionales
El Grupo Parlamentario Podemos ha registrado en las Cortes regionales este pasado lunes la solicitud de un informe exhaustivo sobre el procedimiento administrativo de la obra y su financiación, así como sobre la concesión de caudales para la misma por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Llorente, portavoz de Podemos en las Cortes, ha declarado que
“antes de proseguir la obra se deberían aclarar responsabilidades y hacerse un estudio de viabilidad” y ha lamentado que “desde el PSOE se pretenda culpar ahora a Podemos de la irresponsabilidad, abandono y mala gestión de los anteriores gobiernos. Hay dinero, pero falta eficacia y sobran pretextos.”
