La Asociación de Agricultores Afectados por el Arranque de Viñedos de Castilla-La Mancha (AFERRAN) ha elevado al Defensor del Pueblo un escrito de queja sobre la problemática a nivel nacional, y especialmente en Castilla-La Mancha, que han originado “las irregularidades cometidas en los procedimientos por los cuales la Administración regional ha declarado ilegales determinadas parcelas de vid, así como la falta de requisitos formales de los documentos en que se fundamentan dichas declaraciones y las posteriores órdenes de arranque de esas plantaciones, y sobre todo, la desproporcionada e ilegal cuantía de las multas coercitivas impuestas como consecuencia de las citadas órdenes de arranque”.
Desde la Asociación lamentan que “estas sanciones han supuesto pérdidas de más de 350 millones de euros para los agricultores”. En el escrito recogen que “el problema de las plantaciones ilegales de vid surge de las órdenes de arranque que se impusieron a los agricultores desde el año 1998, y las consecuencias de las mismas”.
AFERRAN asegura que “esta situación se viene padeciendo desde hace ya muchos años, durante los que la Administración tenía y tiene la facultad de imponer multas coercitivas cada doce meses hasta que no se produzca el arranque”. Ante esta situación, lamentan que estas sanciones ascienden a unas cuantías “desorbitadas” (hasta 600.000 euros a un solo viticultor), “que se está embolsando la Administración sin intentar si quiera poner remedio a la problemática”.
Rechazan la medida de que los numerosos agricultores afectados arranquen las viñas, pues “esas parcelas son el medio de vida de muchos viticultores, y arrancarlas supondría acabar con sus ingresos, impidiendo que mantengan a sus familias y condenándolos a la mísera ruina”.
Ante esta situación, han instado al Defensor del Pueblo a que inicie las actuaciones necesarias para solucionar este grave problema de las parcelas declaradas ilegales.
Entre los argumentos esgrimidos, aducen que “los informes en los que se basan las resoluciones que acuerdan las órdenes de arranque, realizados por los funcionarios de la Administración regional, y que indican sin más que los viñedos objeto de los expedientes que se tramitaron fueron plantados con posterioridad al 1 de septiembre de 1998 carecen de cualquier rigor científico, pues ni constan los cálculos llevados a cabo, ni las bases de dichos cálculos que permitan verificarlos, así como no consta ninguna metodología en su elaboración, ni recogen motivación alguna que explique el desarrollo técnico-científico que lleva a esas conclusiones y no a otras”.
En el escrito dirigido al Defensor del Pueblo adjuntan diversas resoluciones judiciales de Tribunales Superiores de Justicia defendiendo esta situación. Asimismo, solicitan la devolución a los agricultores sancionados de las multas cobradas, a razón de 12.000 euros/hectárea.
Puerta abierta
Por otro lado, AFERRAN abre la puerta y tiende su mano comprometiéndose formalmente para encontrar junto con la Administración una solución a este problema que pueda satisfacer a ambas partes, solicitando al Defensor del Pueblo que haga todo lo que le sea posible para poder avanzar en esa dirección.
