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Piden soluciones a multas por declaraciones ilegales de viña y arranques

La Asociación de Agricultores Afectados por el Arranque de Viñedos de Castilla-La Mancha (AFERRAN) al Defensor del Pueblo

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La Asociación de Agricultores Afectados  por  el  Arranque de Viñedos de Castilla-La  Mancha (AFERRAN) ha elevado al Defensor del Pueblo un escrito de queja sobre la problemática a nivel nacional, y especialmente en Castilla-La Mancha, que han originado “las irregularidades cometidas en los procedimientos por los cuales la Administración regional ha declarado ilegales determinadas parcelas de vid, así como la falta de requisitos formales de los  documentos en que se fundamentan dichas declaraciones y las posteriores órdenes de  arranque  de  esas  plantaciones,  y  sobre  todo,  la  desproporcionada  e  ilegal  cuantía  de  las  multas  coercitivas  impuestas  como  consecuencia  de  las  citadas órdenes de arranque”.

Desde la Asociación lamentan que “estas sanciones han supuesto pérdidas de más de 350 millones de euros para los agricultores”. En el escrito recogen que “el problema de las plantaciones ilegales de vid surge de las órdenes de arranque que se impusieron a los agricultores desde el año 1998, y las consecuencias de las mismas”.

AFERRAN asegura que “esta situación se viene padeciendo desde hace ya muchos años, durante los que la Administración tenía y tiene la facultad de imponer multas coercitivas cada doce meses hasta que no se produzca el arranque”. Ante esta situación, lamentan que estas sanciones ascienden a unas cuantías “desorbitadas” (hasta 600.000 euros a un solo viticultor), “que se está embolsando la Administración sin intentar si quiera poner remedio a la problemática”.

Rechazan la medida de que los numerosos agricultores afectados arranquen las viñas, pues “esas parcelas son el  medio de vida de muchos  viticultores, y arrancarlas supondría  acabar  con  sus  ingresos,  impidiendo que  mantengan  a  sus  familias  y condenándolos a la mísera ruina”.

Ante esta situación, han instado al Defensor del Pueblo a que inicie las actuaciones necesarias para solucionar este grave problema de las parcelas declaradas ilegales.

Entre los argumentos esgrimidos, aducen que “los informes en los que se basan las resoluciones que acuerdan las órdenes de arranque, realizados por los funcionarios de  la  Administración regional,  y  que indican sin  más que  los  viñedos  objeto  de  los expedientes  que  se  tramitaron fueron plantados con posterioridad al 1 de septiembre de 1998 carecen de cualquier rigor científico, pues ni constan  los  cálculos  llevados  a  cabo, ni  las  bases  de  dichos  cálculos  que  permitan verificarlos, así como no consta ninguna metodología en su elaboración, ni recogen motivación  alguna  que  explique  el  desarrollo  técnico-científico  que  lleva  a  esas conclusiones y no a otras”.

En el escrito dirigido al Defensor del Pueblo adjuntan diversas resoluciones judiciales de Tribunales Superiores de Justicia defendiendo esta situación. Asimismo, solicitan la devolución a los agricultores sancionados de las multas cobradas, a razón de 12.000 euros/hectárea.

Puerta abierta

Por otro lado, AFERRAN abre la puerta y tiende su mano comprometiéndose formalmente para encontrar junto con la Administración una solución a este problema que pueda satisfacer a ambas partes, solicitando al Defensor del Pueblo que haga todo lo que le sea posible para poder avanzar en esa dirección.

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