Municipios Ribereños estallan ante caso de presunta corrupción agua en Murcia

“Ni una gota más para ese pozo sin fondo hasta que no se fiscalice la gestión del agua en la Comunidad de Murcia”, afirman

La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía han estallado ante lo que consideran “un nuevo caso de presunta corrupción”, en referencia al asunto publicado en numerosos medios de comunicación en los que se habla de la trama descubierta por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial, que implica que el Gobierno de la Comunidad de Murcia “habría regalado 600 millones de euros a través de una serie de acuerdos relacionados con la desaladora de Escombreras”, apuntan desde la asociación. “Ni una gota más para ese pozo sin fondo hasta que no se fiscalice la gestión del agua en la Comunidad de Murcia”, afirman.

Señalan desde la Asociación de Pueblos Ribereños que según esas informaciones, la infraestructura fue utilizada para impulsar 26 convenios urbanísticos “en pleno auge de la burbuja inmobiliaria”. El agua en Murcia, dicen, “es sinónimo de dinero, por lo que ha de tratarse como dinero, no como una necesidad para abastecimiento humano, que estaría garantizado sin la sobreexplotación de recursos”.

Este nuevo caso de presunta corrupción relacionado con el agua en Murcia, inciden los Pueblos Ribereños, “vuelve a poner en tela de juicio la gestión de una comunidad gobernada desde hace más de dos décadas por el Partido Popular”.

“Si cuando se recibe ayuda económica para rescatar un ayuntamiento, una autonomía o un país se exige una fiscalización que explique las causas que le han llevado a pedir ese rescate, a la par que se obliga a un cambio de rumbo que encauce la sostenibilidad del intervenido, ¿por qué con el agua simplemente se nos obliga a cederla y nadie se pregunta por qué la necesidad es cada vez mayor?”, se pregunta Francisco Pérez Torrecilla, presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía.

Indica Pérez Torrecilla que “cada año crecen las hectáreas de regadío ilegal y la sobreexplotación de recursos urbanos para ganar dinero con el turismo, se han invertido millones de euros en desaladoras, se ha subvencionado durante años el agua del Trasvase Tajo-Segura, se ha envenenado el Mar Menor y, sin embargo, cada vez piden más y no nos preguntamos por qué”. Al contrario, recalca el presidente de la asociación “muchos se enfadan y exigen más dinero a través de obras milmillonarias para expoliar y secar otro río”.

“El agua es de todos, pero no se nos requiere para abastecer a la población, se nos roba para sostener artificialmente una agricultura industrial que genera beneficio económico en una zona que ya cuenta con generosos atractivos naturales, como el sol y la playa, que obviamente no puede compartir”, afirma Pérez Torrecilla que añade, “mientras vemos como hacen negocio privado con nuestros recursos, algunos parece ser que ilegítimos, nos dan lecciones de moral y de solidaridad; hay que intervenir y sacar a la luz toda la trama del agua que casi ha terminado con el Tajo y el Mar Menor, antes de que sea tarde”.

“En Murcia no falta agua, sobran chanchullos y hectáreas de regadío ilegal”, concluyen afirmando desde la Asociación de Municipios Ribereños

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