La Plataforma para la Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas se han encerrado esta mañana en la Consejería de Agricultura donde estaban convocados para una reunión con el consejero, Francisco Martínez Arroyo y había solicitado la presencia, también, del presidente del Gobierno Regional, Emiliano García-Page y del vicepresidente segundo, José García Molina, para que ambos, explican, «pudiesen comprobar personalmente los documentos que demuestran que el recorte de las ayudas llevado a cabo por su Gobierno es totalmente ilegal». Al no asistir al encuentro ninguno de los dos, los representantes de la Plataforma han decidido permanecer dentro de la Consejería esperando su presencia.
La Plataforma había mantenido hasta ahora diversas reuniones con el Consejero de Agricultura Martínez Arroyo y su equipo, «sin que haya habido avance alguno ya que el Consejero no ha mostrado voluntad alguna para solucionar el problema del recorte ilegal de las ayudas a la agricultura ecológica», explican. Razón por la que solicitaron la asistencia de García-Page y García Molina. con el objetivo «de clarificar la actuación de la Consejería de Agricultura en la reducción ilegal de las ayudas».
Lo ocurrido hoy, dicen desde la Plataforma, es «una falta de respeto hacia los agricultores y ganaderos ecológicos», no solo por parte de Martínez Arroyo, sino también de García-Page y García Molina, que, aseguran, «firmaron un Pacto de Gobierno en el que uno de los puntos del acuerdo era la solución del problema de la agricultura ecológica». García-Page tendrá que explicar, dicen los representantes de este colectivo, «por qué no soluciona el problema» y García Molina «por qué permite que se incumpla ese acuerdo de Gobierno y la enmienda que en su día presentaron y fue aprobada por la Cortes para solucionar la viabilidad del sector».
El objetivo de la reunión es que conozcan la realidad del problema escuchando los argumentos y viendo la documentación, con las dos partes frente a frente para poder comprobar de primera mano, entre otras cosas, que:
1. Legalmente sí era posible aumentar el presupuesto de la convocatoria de las ayudas a la agricultura ecológica.
2.Con el presupuesto disponible del Programa de Desarrollo Rural sí era posible atender todas las solicitudes de agricultura ecológica, sin necesidad de reducir las ayudas ni expulsar a ningún agricultor.
3. La Orden de marzo de 2015 que regula las ayudas a la agricultura ecológica cumplía con todos los requisitos exigidos por la Comisión Europea y plasmados en el Programa de Desarrollo Rural, por lo que no era necesario ninguna modificación posterior de la Orden de marzo de 2015 ni del Programa de Desarrollo Rural en lo relativo a agricultura ecológica.
4. El Gobierno de Castilla-La Mancha aplicó el recorte de las ayudas y estableció criterios de selección de forma retroactiva, incumpliendo el principio de seguridad jurídica.
5. El nivel de ejecución del presupuesto, habiendo abonado la mayor parte de los expedientes de 2015 y 2016, es de 40 millones sobre un total de 236 millones presupuestados para 5 años. Con estas cifras queda claro que, incluso con sus recortes, se pueden aumentar las ayudas.
6. Aún hay ayudas desde el 2014 sin pagar y convocatorias sin resolver. A día de hoy, la política agraria de Martínez Arroyo es desastrosa, no solo hay problemas en agricultura ecológica, tampoco cobran sus ayudas los jóvenes agricultores ni los agricultores que han mejorado su explotación.
La Plataforma por tanto, «exige su presencia para que a lo largo del día de hoy se pueda buscar una solución al problema de la agricultura ecológica».
