Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, ha calificado como «nuevo agravio al campo y al conjunto de la región» el nuevo trasvase de 38 hectómetros cúbicos efectivos en el mes de marzo, aprobado este miércoles por la Comisión de Explotación del Tajo, «para atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras», cuando, inciden desde la asociación, los pantanos de cabecera están al 26% poco más de la cuarta parte de su capacidad.
El informe de situación, elaborado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y tomado en consideración por la Comisión, indica que, a 1 de marzo de 2019, el volumen embalsado en Entrepeñas y Buendía era de 643,7 hm3, quedando un volumen autorizado pendiente de trasvasar de 23,3 hm3, por lo que resulta un volumen de embalse efectivo de 620,4 hm3, superior al umbral de 591 hm3 que corresponde al mes de marzo. Por tanto, se constata que el sistema se encuentra en situación de nivel 2 y se procede a la autorización automática de un trasvase de 38 hm3.
Esto supone, apuntan desde Unión de Uniones, que desde diciembre de 2014 el Trasvase ha sacado de los pantanos de cabecera 623 hm3, es decir, «prácticamente el mismo volumen que hoy tienen almacenado Entrepeñas y Buendía».
“Este nuevo trasvase es otra bofetada que nos dan en el rostro del campo castellano-manchego, donde también tenemos importantes déficits que cubrir y necesidades que atender… la diferencia es que a nosotros nos suelen responder con recortes en las demandas” han declarado desde Unión de Uniones de Castilla-La Mancha. Para esta organización es «penoso» que nada se mueva en la hipoteca del Trasvase Tajo-Segura que pesa sobre la región y que la respuesta del Gobierno a las reivindicaciones que de solución a esta cuestión «sea la misma, o sea ninguna, gobierne quien gobierne». La organización critica que «todos los que pasan por Moncloa prefieran cerrar los ojos y que ningún Gobierno se atreva a acometer lo que inevitable tendrá que hacerse en algún momento: plantear de manera decidida alternativas a un trasvase, que es ya un camino inviable a futuro para atender las necesidades del Segura y un agravio permanente a los castellano-manchegos y especialmente a los agricultores y ganaderos».
Para Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, se trata además de unas necesidades, las del Levante, que, «en ningún caso deberían seguir cubriéndose a costa del desarrollo de nuestra región». Si se dan por buenos los informes de la Universidad de Alicante que dicen que el Trasvase sostiene cada año 140.000 empleos en Alicante, Murcia y Almería, «son 140.000 empleos que esos recursos podrían haber generado en Castilla-La Mancha y no ha sido así».
Sostienen desde Unión de Uniones que la misma Universidad de Alicante, «experta en lanzar informes en defensa del Trasvase», valora en 21.000 millones de euros lo que éste supone para las áreas receptoras, puesto que es la cantidad en la que cifra las indemnizaciones que tendría que pagar el Estado por cerrarlo. Esa cifra, (21.000 millones repetimos), añaden desde la organización agraria, «contrasta con los escasos 4,1 millones de euros que recibe Castilla-La Mancha al año, como compensación por despojarla de sus recursos hídricos».
Entre 1986 y 2018, es decir, en 32 años, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura como cuencas cedentes han recibido una «indemnización» por el trasvase de unos 310 millones de euros. «La respuesta de Unión de Uniones de Castilla-La Mancha es sencilla: que se queden con el dinero y nos dejen el agua” manifiestan desde la organización.
