El campo demanda soluciones para facilitar la contratación de trabajadores

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos se pide a la Delegación de Gobierno de Castilla-La Mancha que facilite el trabajo de contratación de trabajadores para las campañas de recolección, sobre todo de cara a la campaña del ajo que afecta a las provincias de Cuenca, Ciudad Real, Albacete y Toledo

Entramos en una época de campaña de recogida de ajos en las provincias de Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Albacete, donde el volumen de trabajadores que los agricultores necesitan condiciona su día a día. En estas épocas se necesitan en las zonas productoras del orden de 10.000 trabajadores extra en un breve periodo de tiempo de apenas un mes y poco. A ello se le une, como explica Miguel Esponera, secretario general de UPA Cuenca y miembro de la Comisión Ejecutiva Regional, las condiciones particulares del ajo, un producto perecedero, que necesita recogerse de manera rápida.

El ajo se deja a la intemperie una vez arrancado para orearlo, de manera que se necesita un volumen de trabajadores muy alto para recogerlo lo antes posible y no sufrir pérdidas porque el ajo podría perder valor caso de tormentas o pérdida de camisas, apunta.

De ahí que los agricultores necesiten cuadrillas con urgencia para poder mantener sus explotaciones de manera viable. Pero son mayoría quienes se encuentran con problemas añadidos que no tienen que ver con la agricultura propiamente. En concreto tienen que recurrir a la contratación a través de empresas de servicios o ETT; pero la normativa exige, tal y como han explicado a UPA desde la Subdelegación de Gobierno de Albacete en una jornada de trabajo reciente, que no se puede recurrir a las empresas de servicios y que las contrataciones a través de ETT solo pueden ser de un porcentaje de los trabajadores, no del total; con lo que ello supone, lamentan desde la organización agraria.

Pero lo que más preocupa a los agricultores, tal y como denuncia la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, son las usurpaciones de identidad y las sanciones posteriores de la Inspección de Trabajo. En estos últimos años se ha dado la circunstancia de que algunas personas a quienes se contrata utilizan documentación falsa, prestada o que no es suya, y que el agricultor no puede contrastar a la hora de hacer la contratación.

Esta situación es sancionable, de ahí que UPA recomiende el máximo de precaución para evitar las sanciones posteriores. Pero, asimismo, solicita a la Delegación de Gobierno de Castilla-La Mancha que no se culpabilice directamente a los agricultores, a quienes la Inspección de Trabajo sanciona de manera directa y que, en raras ocasiones, pueden demostrar su inocencia.

Añaden que cuando los agricultores han denunciado estas situaciones se han encontrado una cantidad de problemas tremendos y han incurrido en nuevos gastos que condicionan la viabilidad de sus explotaciones, de ahí que se haya generado una situación de enfado y frustración generalizada en el sector, tal y como han podido comprobar desde UPA.

La organización agraria ha solicitado a la Delegación de Gobierno y a la Inspección de Trabajo que se tomen medidas que no culpabilicen al agricultor y faciliten esta contratación dentro de los márgenes de la ley porque son cerca de 10.000 trabajadores en el corto tiempo de un mes y el volumen económico que mueven en algunas comarcas de las provincias de Ciudad Real, Albacete, Cuenca y algo menos en Toledo, es muy elevado como para no ofrecer soluciones que no pasen por la sanción directa.

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