Unión de Uniones se ha posicionado en contra de complicar aún más la futura Política Agraria Común con la propuesta de la Comisión de meter en la condicionalidad de las ayudas PAC los requisitos legales de gestión derivados de toda la normativa nacional laboral y de prevención de riesgos y pide al gobierno español que se oponga a ello en los foros de debate europeos. “Lo que tienen que hacer es mirar la violación regular y sistemática de derechos de los trabajadores en los países terceros desde los que se permite que nos lleguen productos importados”, señalan desde la organización
Unión de Uniones acusa a la nueva propuesta de la Comisión Europea, que incluiría la normativa laboral en la condicionalidad de las ayudas PAC, de ir en contra de su simplificación y de cargar con más lastre burocrático a las explotaciones y las administraciones.
La CE ha colocado en el debate de la reforma de la PAC y de los futuros planes estratégicos un nuevo elemento de condicionalidad de las ayudas agrarias ligado al respeto a la normativa laboral, de cobertura social y de seguridad de los trabajadores empleados en las explotaciones agrarias.
De acuerdo a esto, la propuesta plantea como opciones para implantarlo dos sistemas: o bien la reducción de las ayudas una vez que las autoridades administrativas o judiciales dictaminen en firme los incumplimientos, o bien incluir esta nueva condicionalidad como un objetivo del plan estratégico, en el que deberá explicarse cómo se cumplirá para poder ser aprobado por la UE.
“En cada reforma se habla de hacer una PAC más simple y acaban complicándola y metiendo más papeleo”, comentan desde la organización. Por otra parte, la organización señala la propuesta como “otra carga burocrática inútil” puesto que los agricultores y ganaderos, así como sus trabajadores, ya están obligados a cumplir toda la normativa, derivada de las Directivas europeas y la legislación nacional aplicable a la actividad. Unión de Uniones considera que se trata, además, de una regulación muy severa que contempla ya sanciones durísimas que pueden acabar incluso en penas de cárcel.
La organización reconoce que otras legislaciones como la ambiental o la de bienestar animal también están incorporadas a la actual condicionalidad y añade “pero no es razonable exigir a la PAC controles para todo el acervo legal que un agricultor o un ganadero debe cumplir, sería de locos. Para eso está cada autoridad competente, la laboral en este caso.”
Unión de Uniones recuerda también el celo con el que se aplican estas autoridades con el sector agrario, con inspecciones en plena recolección, apoyadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con un despliegue de medios dignos de operaciones contra el narcotráfico, “hasta con helicópteros han venido a veces” señalan.
Piden revisar las condiciones de países terceros
Asimismo, la organización apunta a que, más bien, la Unión Europea debería aplicar la condicionalidad social a las importaciones de países terceros donde se vulneran regularmente los derechos de los trabajadores.
Desde la organización se apunta a las condiciones de trabajo precarias, o directamente de explotación, que existen en algunos países terceros. Precisamente, el informe 2020 del Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional, considera que Europa es el área mundial en donde estos derechos están mejor garantizados, en el conjunto de todos los sectores. Sin embargo, Oriente Medio, Sur de Asia, África, EEUU y América Central y del Sur son las regiones en las que se producen violaciones regulares o sistemáticas de los derechos de los trabajadores.
La organización reclama que la condicionalidad social se aplique a las importaciones que llegan desde esas regiones a menores precios basados en la explotación de las personas. “Si se quiere mejorar la situación de los trabajadores en el campo que las autoridades actúen contra quien hace las cosas mal, pero a quienes las hacemos bien que nos dejen hacer una agricultura y ganadería rentables para poder seguir dando empleo de calidad, que es lo que queremos”, concluyen.
La organización pide al Gobierno español, y en particular al Ministro de Agricultura, Luis Planas, que rechace la propuesta de la Comisión en los debates.
