La reforma de la Política Agraria Común (PAC) está en plena negociación y en los últimos días se ha comenzado a escuchar el concepto de denominada condicionalidad social, cuyo cumplimento puede ser obligatorio percibir estas ayudas europeas a partir de 2022.
Desde Bruselas apuntan que cada vez está más claro que se recogerá la obligatoridad de tener que cumplir los derechos laborales para poder cobrar el pago básico. Una condicionalidad social que, pese al rechazo que ya provoca en el sector, tendrá el respaldo de España, aunque con condiciones, como que no cree más carga burocrática y que haya un periodo de adaptación.
En este sentido, Planas ha recordado que no queda mucho tiempo si se quiere tener todo listo para el 1 de enero de 2023 y que será necesario hacer concesiones al Parlamento Europeo, que es quien reclama tener que cumplir los derechos laborales para percibir el pago básico, si se quiere llegar a un acuerdo.
Apoyo desde Castilla-La Mancha
Y desde Castilla-La Mancha, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, se refería esta semana a la condicionalidad social, señalando que desde la región se apoya que no puedan cobrar las ayudas de la PAC los empresarios que vulneren los derechos de los trabajadores.
Al respecto, añadía que Castilla-La Mancha va a ser “extraordinariamente contundente en este punto, porque está por delante el cumplimiento de los derechos laborales y humanos por encima del cobro de la PAC”.
En este sentido, Martínez Arroyo resalta que este tema está en discusión y “nuestra posición en clara: Queremos que haya una condicionalidad laboral para el cobro de las ayudas, porque, además, respaldará, ha dicho, el trabajo mayoritario de los empresarios que sí cumplen”.
