Las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) ‘Sierra de Altomira’ y ‘Rus-Valdelobos’ (ubicadas en la zona del Alto Guadiana) rechazan rotundamente las recientes declaraciones del representante de agua de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Julio Bacete, en la que afirmaba que “estaban dispuestos a pagar el agua vía impuestos y no de sanciones”.
Desde ambas CUAS solicitan la rectificación de dicha afirmación, y ponen en tela de juicio que estuvieran consensuadas con los miles de socios que tienen cultivos de regadío dentro de Cooperativas.
Estas Comunidades consideran que en materia de agua “nos encontramos en un momento con un escenario extremadamente medioambientalista por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, donde ya no solo se habla de cánones y precio del agua, sino que se está legislando con la intención real de imponer un precio al agua a través de la llamada recuperación de costes donde, también entran los ambientales”.
Además, añaden que “nuestro propio Gobierno regional está inmerso en la elaboración de la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, donde los usos del regadío y ganaderos están exentos, de momento, lo que miramos con mucho recelo, a la vez que hemos pedido que seamos excluidos de la misma, donde el único objetivo de esta ley regional, sí sale adelante, no es otro que el de recaudar, a través del Canon Medioambiental, y que vendría a imponer dicho canon a nuestra industria de transformación y elaboración, entre ellas, las cooperativas agroalimentarias, un impuesto que viene una vez más a incrementar los costes y, por tanto, la falta de competitividad”.
Recuerdan, además, que ya existe una legislación de aguas con unas normas muy claras y régimen sancionador y rechazan el afán recaudatorio de las distintas administraciones.
Señalan también que, para las rotaciones de cultivos como ajo, cebolla y otros hortícolas, característicos de la cuenca del Guadiana y de otras de la región, es totalmente necesario adaptar la legislación en los nuevos planes hidrológicos, “para dar amparo legal a esas pequeñas explotaciones de agricultores profesionales, que, de caso contrario, están abocados a desaparecer”. En este aspecto, ambas CUAS están trabajando en la elaboración de una propuesta donde se establecen las bases para dar cobertura a estas situaciones, además de estar en coordinación con la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, a través de sus direcciones generales, al igual que con las distintas diputaciones provinciales de la región.
Por último, comunican que estas CUAS solicitan coordinación y una misma línea de trabajo en materia de agua, “donde se persiga un mismo objetivo, el de establecer medidas y garantías para hacer un uso adecuado y sostenible de los recursos, haciendo compatible los usos con el medioambiente, a través de la gestión, investigación y actualización de la legislación”.
