El Gobierno recibirá el 30 de marzo una «carta» de la Comisión Europea (CE) en la que evaluará y previsiblemente pedirá cambios sobre el Plan Estratégico Nacional para aplicar la reforma de la Política Agrícola Común (PAC).
El presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Miguel Ángel Riesgo, ha confirmado, durante el I Congreso sobre Derecho Alimentario, que antes de esa fecha llegará dicha carta de Bruselas, que indicará si el plan español cumple con «todas las necesidades» de la nueva PAC 2023-2027 o hacen falta ajustes.
El responsable del FEGA -organismo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación- ha subrayado que, aunque actualmente se estén debatiendo medidas dentro de la PAC para aliviar la carestía de materia prima por la guerra en Ucrania, el proceso del plan estratégico va aparte.
Representantes del Gobierno, de las autonomías de Castilla y León y Castilla-La Mancha, y del sector agrario han debatido sobre la nueva PAC en el congreso, celebrado en el Colegio de Abogados de Madrid, en un contexto marcado por el conflicto en Ucrania y la huelga de transportes.
Y también por la convocatoria de una gran manifestación en Madrid, el próximo domingo, organizada por el sector agrario en defensa del mundo rural, y por la reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) que abordará el lunes, en Bruselas, actuaciones frente a los efectos de la guerra en el campo comunitario.
Carencia de materias primas
Entre las medidas que debate la UE para aliviar la carencia de materias primas por la invasión rusa de Ucrania destacan la siembra de barbechos o la activación de una reserva de crisis, comprendidas dentro de la PAC.
Pero Riesgo ha recalcado que, si bien esa política tiene «herramientas excepcionales» frente a la crisis, eso no va a modificar el plan estratégico español y que cualquier cambio eventual a este último sería posterior al proceso de evaluación de la CE.
No obstante, ha señalado que no se puede descartar que posteriormente haya cambios derivados de la situación de los mercados agrícolas a causa de la guerra.
España remitió a Bruselas su proyecto de plan estratégico para la nueva PAC antes del 31 de diciembre y después siguió abierta una consulta pública, junto con una evaluación ambiental.
Riesgo ha precisado, en declaraciones a Efeagro, que los cambios que puede pedir la CE no son solamente medioambientales, sino de otros ámbitos, aunque espera que sean «menores».
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha manifestado que en la PAC 2023-2027 los agricultores de esta autonomía van a recibir «más fondos que hasta ahora».
De aquí a 2023, la PAC estará marcada por las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania y el reto, según Martínez Arroyo, es buscar flexibilidad.
El consejero en funciones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, Jesús Carnero, ha incidido en que el conflicto pone de manifiesto la necesidad de garantizar un sistema seguro de producción de alimentos.
«La PAC debe modularse para dar respuesta a estas necesidades a corto plazo, teniendo en cuenta que el suministro de materias primas a través de Ucrania y Rusia está abortado», según Carnero.
El director de asuntos internacionales de Cooperativas Agro-alimentarias, Gabriel Trenzado, ha remarcado que España fue de los primeros en presentar el plan estratégico a Bruselas y que el sector espera «no pagar el pato» por dicha prontitud.
Los representantes de las organizaciones Asaja, COAG y UPA -convocantes de la manifestación del domingo- han coincidido en que el proyecto del plan no tuvo en cuenta lo suficiente las demandas del campo español.
El director del departamento internacional de Asaja, Ignacio López, ha lamentado que estas peticiones no se vieran reflejadas en la toma política de decisiones por parte del Gobierno y las autonomías.
El coordinador de los servicios técnicos de COAG, José Luis Miguel, ha expresado su temor a que nuevas modificaciones que impliquen más requisitos ambientales.
En nombre de UPA, Javier Alejandre ha remarcado que la nueva PAC también implica un desarrollo legislativo en España de una ley y 18 decretos, que abren «horizontes desconocidos» en cuestiones como el régimen de sanciones. EFEAGRO
