Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Cuenca un entramado criminal presuntamente dedicado a la explotación laboral en el ámbito agrícola.
Operaban desde un local de alimentación en un municipio conquense para captar ciudadanos extranjeros en situación de necesidad o vulnerabilidad. Durante la investigación se ha liberado a un menor de 15 años de edad al que explotaban laboralmente y se ha detenido a un total de ocho personas, entre ellos los tres líderes de la organización.
La investigación se inició durante el mes de noviembre del pasado año cuando los agentes recibieron la denuncia de un ciudadano que había sido dado de alta en la seguridad social de manera fraudulenta. Los investigadores pudieron comprobar que el denunciante había sido dado de alta para una empresa en la cual no estaba trabajando y tras varias pesquisas, detectaron que en un municipio de la provincia de Cuenca se estaba utilizando la documentación de extranjeros en situación regular por parte de otras que carecían de permiso de residencia y trabajo.
Las averiguaciones permitieron constatar la existencia de una organización criminal, integrada por un matrimonio y uno de sus hijos, que desde un establecimiento de alimentación captaban a extranjeros para explotarles laboralmente en tareas agrícolas. Los integraban en cuadrillas supervisadas por la organización para proveer de mano de obra a los propietarios de distintas fincas rústicas de hasta nueve municipios conquenses.
Un menor de quince años sometido a explotación laboral
También pudieron comprobar que la red obligaba a los trabajadores a firmar documentación falsa, aprovechándose de su situación precaria, apropiándose además de parte de su salario y explotándoles durante largas jornadas de trabajo en condiciones extremas.
Entre las personas explotadas se encontraba un menor de edad de 15 años que era sometido a jornadas de trabajo desproporcionadas que impedían su escolarización. Durante el operativo se detuvo a cinco personas como presuntos responsables de un delito de falsedad documental y a los tres líderes de la organización, además, los delitos de usurpación de estado civil, pertenencia a organización criminal y delito contra los derechos de los trabajadores.
