El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, en un foro celebrado en Albacete en el que se encontraban representantes financieros y del sector agroalimentario, como representantes de UPA, ASAJA y Cooperativas Agroalimentarias, ha dado a conocer los puntos más importantes de la Ley de la Viña y el Vino que llegará a las Cortes “a la vuelta del verano” para su debate final y cuyo proyecto fue aprobado ayer en el Consejo de Gobierno.
Una Ley que se recupera, en la región que es considerada la bodega del mundo, porque fue derogada por el Gobierno del PP, algo que ha dicho fue “un error”, sobre todo, porque el vitivinícola es el sector “más relevante desde punto vista económico social, territorial y de sentimiento de región”.
En datos, este sector, en Castilla-La Mancha supone por sí solo, ha recordado, el 4,6 por ciento de la riqueza regional; factura 1.740 millones de euros y, solo el año pasado, se produjeron 22,7 millones de hectolitros de vino y mosto de los cuales se vendieron al exterior, 17,2 millones, a 150 países.
Tras él, ha recordado Martínez Arroyo, hay 80.000 explotaciones de viticultores y 484 bodegas y cooperativas que transforman el producto en el medio rural y una economía social “imprescindible para nuestros pueblos más pequeños”. Y, “para que este sector tenga futuro es necesaria la Ley”.
Una norma que nace de un plan estratégico del sector del vino, consensuado con el sector, y en el que se ponía de manifiesto la necesidad de tener una ley para alcanzar el objetivo de que la facturación del sector fuera de 2.500 millones de euros en 2025.
De esta manera, esta normativa regula el procedimiento para autorizar nuevas variedades de vid, las prácticas enológicas, las indicaciones geográficas y la trazabilidad del vino, donde se enarca este proyecto de digitalización presentado hoy en Albacete.
