La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Castilla-La Mancha ha alertado de que, con los precios actuales de la principal industria vinícola de la región, Grupo Félix Solís, los productores de uva manchegos perderán de media 950 euros por hectárea (900 por hectárea para la uva blanca Airén y 1.000 para la tinta Tempranillo).
Afirman que resulta “inconcebible” que en una campaña lastrada por la sequía y la subida de los principales inputs, que ha elevado los costes de producción a 0,43€/kg para Airén y 0,52€/kg para la Tempranillo, se pretendan pagar unos precios un 15 % por debajo de las liquidaciones finales de la campaña anterior, 0,23€/kg de media en airén.
Desde COAG señalan que este año Félix Solís prescinde del tradicional método de las tabillas de precios para firmar los contratos individualizados con los viticultores manchegos, mientras que la otra gran bodega de la zona, Grupo García Carrión, tampoco ha colgado de momento dichas tablillas en sus centros receptores de uva.
Ante esta situación, inciden en que es necesario intensificar los controles ante “la opacidad” de industriales y bodegas en el primer tramo de la presente vendimia. Tras varias semanas recogiendo uva, “la confusión e incertidumbre” reina entre los viticultores ante la ausencia de tablillas con precios de referencia. “Es intolerable que a estas alturas el agricultor entregue su producto sin saber a cuánto ni cuándo se lo pagarán”, ha afirmado el responsable del sector vitivinícola de COAG CLM, Joaquín Vizcaíno.
Recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria obliga a tener firmado un contrato de compra-venta antes de iniciar la vendimia, que podrá ser exigido por los inspectores la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). Dicho contrato debe recoger de forma obligatoria el precio acordado y las condiciones de pago (en el caso de la uva de vinificación a 30 días, al tratarse de un producto perecedero).
Buzón de denuncias
COAG ha habilitado en su web un buzón digital de denuncias para viticultores manchegos sobre posibles incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria
De esta manera, cualquier agricultor puede ponerse en contacto con los expertos jurídicos de COAG para trasladarles la potencial infracción. El equipo técnico de esta organización estudiará cada caso y, si observan indicios suficientes, tramitará en tiempo y forma la denuncia correspondiente ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), lo que permitirá al afectado ampararse en un cierto anonimato frente a la otra parte.
