El grupo de trabajo para el seguimiento de la sequía, convocado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha analizado este lunes las consecuencias de esta adversidad climática en el sector agrario y ha evaluado las medidas de apoyo puestas en marcha en marzo por el Gobierno para hacer frente a la situación y que están plenamente en vigor.
En la reunión, a través de la Comisión Permanente de Adversidades Climáticas y Medioambientales (COPAC), han participado representantes de los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como de las comunidades autónomas, de comunidades de regantes, de las organizaciones profesionales agrarias y de cooperativas agroalimentarias. Los participantes han valorado las medidas adoptadas por el Gobierno y han planteado su preocupación por la actual situación de sequía.
No han estado presentes ni el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ni la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
De los informes de seguimiento de la situación presentados por las distintas comunidades autónomas y organizaciones participantes se realizará una evaluación para estudiar las líneas a seguir.
Desde el Gobierno han relatado las medidas adoptadas, de índole fiscal, laboral, social, financiera e hidráulica.
En el orden fiscal, los agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos -unos 800.000 en el conjunto de España- han podido beneficiarse de una reducción del 20 % en la estimación de los mismos para la declaración del IRPF de 2021.
Entre las medidas en vigor cabe destacar también la exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para las explotaciones que cumplan determinados requisitos. El Gobierno compensa a los ayuntamientos que apliquen esta exención en el actual ejercicio presupuestario.
Además, entre las medidas de prórroga del plan de ayudas por las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania está el incremento de la subvención al seguro agrario y que se ha traducido en un incremento de 60 millones de euros, lo que permite aumentar en 10 puntos la subvención base, es decir, la que reciben todos los asegurados, según la modalidad elegida en el momento de la contratación.
En materia laboral y social, el Gobierno ha concedido aplazamientos en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y de recaudación conjunta que han sido prorrogados sucesivamente, de forma que se puede solicitar para las cuotas devengadas hasta septiembre de 2022 para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, y hasta octubre de 2022 para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
También se ha reducido, de 35 a 20, el número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura.
