El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, ha expresado su “tremenda preocupación porque los agricultores y ganaderos nos sentimos inseguros y desprotegidos, a pesar del gran esfuerzo de las fuerzas de seguridad. Los políticos deberían preguntarse por qué ponemos tan pocas denuncias cuando sufrimos robos. Y la respuesta es que cada vez son más aquellos profesionales que piensan que las leyes son ineficaces, empezando por el Código Penal, y que denunciar solo sirve para perder el tiempo. Pero que baje el número de denuncias interpuestas no significa que haya menos delitos o que haya menos sentimiento de inseguridad en el medio rural, todo lo contrario”.
Según cálculos de la organización agraria, el sector agrario valenciano acumuló en 2021 unas pérdidas de 25 millones de euros a causa de los robos.
Aguado también alerta de que “en el sector agrario nos sentimos inseguros y, al mismo tiempo, perseguidos por las administraciones. En lugar de apoyar a las empresas familiares del campo, que son esenciales para la economía y el paisaje de las áreas rurales, los equipos de Inspección de Trabajo, Prevención de Riesgos Laborales y Guardia Civil están dedicando cada vez más recursos a inspeccionarlas en busca de infracciones que pueden llegar a ser inasumibles debido a la sostenida crisis de rentabilidad de las explotaciones agropecuarias».
En este sentido, ha aclarado que “no estamos en contra de cumplir la ley, pero con tantas facilidades para las personas que quieren vivir del esfuerzo ajeno y con tantas trabas para las personas que queremos vivir dignamente de nuestro trabajo, España parece la patria de los delincuentes y los okupas, y así nos va. Debería ser más importante pillar a un ladrón que a un agricultor que falla en algún paso burocrático o administrativo. Después que nadie se sorprenda de que haya gente que ha dejado de confiar en la justicia y en las administraciones de este país”.
