El proyecto de ley que regula la gestión de la nueva Política Agraria Común (PAC) ha sido este miércoles aprobado por el pleno del Senado y vuelve al Congreso para su aprobación final con distintos cambios como el que afecta a la quema de residuos agrícolas.
Los senadores han dado luz verde al texto del proyecto y las enmiendas aprobadas en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como a un total de 15 enmiendas presentadas por distintos grupos y sometidas a votación.
Quemar residuos agrícolas
Entre ellas, el grupo socialista y ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) han pactado una enmienda transaccional que cambia el texto acordado en el Congreso por el que se levantaba la prohibición de quemar residuos agrícolas.
En su lugar, se establece de nuevo que no está permitida la quema de dichos residuos, si bien se introduce una exención para las pequeñas y las micro explotaciones agrarias.
En general, solo se permitirá la quema con autorización de las administraciones cuando no sea posible evitar de otra forma la propagación de plagas o para prevenir incendios.
Esta transaccional ha sido criticada por la mayoría de los grupos minoritarios y de la oposición en el debate, por haber sido presentada a última hora y sin tiempo para negociar.
Otras enmiendas
Entre las enmiendas aprobadas, el grupo popular ha sacado adelante varias que permiten el acceso a la red de los excedentes de producción eléctrica de autoconsumo generado por instalaciones de regantes y otra que deja sin efecto la obligación de adoptar el sistema de control geográfico de los animales para los ganaderos.
También se han adoptado otras enmiendas de varios grupos relacionadas con la modificación de la cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y con la integración del Régimen Especial Agrario en el Régimen General de la Seguridad Social.
En el debate previo, el parlamentario socialista Jesús Manuel Alonso ha destacado la importancia de aprobar la ley de gestión de la PAC para mantener el poder adquisitivo de los agricultores y los ganaderos en el nuevo periodo, de 2023 a 2027, cumpliendo con los compromisos adquiridos en la Unión Europea y fomentando la economía rural.
Desde la oposición, el senador del PP Jorge Martínez Antolín ha lamentado que «se ha perdido la oportunidad de ayudar a un sector que está en crisis» con una nueva PAC que, en su opinión, está enfocada sobre todo a cuestiones ambientales que van a afectar la rentabilidad de los productores.
El proyecto de ley, que debe volver al Congreso para su aprobación final, recoge aspectos como una serie de penalizaciones y sanciones a las personas beneficiarias de ayudas, por casos como la remisión incorrecta de datos de forma intencionada para recibir la ayuda o la resistencia a actuaciones de control. EFEAGRO
