Muchas personas deciden, por su cuenta y riesgo, utilizar aguas de pozo para usos diversos: consumo humano; riego; abastecer al ganado; llenado de piscinas… sin pararse a pensar en el riesgo que supone para la salud el uso incontrolado de este tipo de agua de pozo, ya que pueden existir numerosas filtraciones provenientes de vertidos de industrias agrícolas, vertederos, etc.
Para evitar estos riesgos, que pueden generar graves problemas, es fundamental recurrir a los servicios de un laboratorio de análisis de agua, que garantice la calidad y salubridad del agua de pozo, en base a los parámetros recogidos en el Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
En estos análisis se detectan posibles elementos nocivos para la salud de personas y animales, como amonio, arsénico, plaguicidas, nitratos, etcétera. Y la ley estipula que los propietarios de las instalaciones que utilizan este tipo de agua de pozo son los responsables de dar cumplimiento a las normativas vigentes.
Cuando se hace un pozo el objetivo es extraer agua, que es subterránea, al encontrarse por debajo de la tierra. Se consideran aguas subterráneas todas las aguas que se encuentran bajo superficie del suelo en la zona de saturación y en contacto directo con el suelo o el subsuelo; acuífero a una o más capas subterráneas de roca o de otros estratos geológicos que tienen la suficiente porosidad y permeabilidad para permitir ya sea un flujo significativo de aguas subterráneas o la extracción de cantidades significativas de aguas subterráneas y masa de agua subterránea a un volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero. Para extraer esta agua deben realizarse sondeos de captación de agua subterránea.
¿Cómo se extraen las aguas subterráneas?
Hay varias alternativas, siendo las más comunes:
-Pozo clavado: es cuando un tubo perforado bombea agua en la capa freática.
-Pozo hincado: es cuando se excava verticalmente hasta la capa freática utilizando diferentes técnicas.
-Pozo perforado: se usan sistemas de percusión o rotación llegando a profundidades hasta 50 metros.
Pero, antes de acometer la construcción de un pozo para la extracción de agua se deben tener en cuenta varios factores, entre ellos:
-La zona donde está ubicado, que puede estar protegida, sobreexplotada, etc.
-Conocer, por lo tanto, a que cuenca hidrográfica pertenece, y en qué estado se encuentra.
-Características como el grado de permeabilidad del suelo donde se localiza el pozo.
-Volumen de extracción del agua y para que usos se va a emplear, así como las dotaciones autorizadas en la zona.
-Distancia con otros pozos de la zona.
Es decir, antes de acometer la puesta en marcha de un pozo es fundamental asesorarse sobre todos estos aspectos, para asegurarse que dicha captación obtendrá los permisos necesarios para que la Administración lo considere un pozo legal y acorde a la normativa vigente.
La legalización de un pozo puede ser una labor ardua y conllevar meses de tramitaciones, ya que su autorización puede depender de varias administraciones: confederaciones hidrográficas; ayuntamientos, normas regionales y Estado.
En general, y dependiendo del ámbito territorial, los trámites necesarios para realizar un pozo dependen del consumo que se vaya a realizar.
Normalmente, cuando es inferior a 7.000 metros cúbicos anuales se debe solicitar un reconocimiento del derecho al uso privativo por disposición legal. Los superiores a ese volumen suelen requerir de una concesión de agua, una tramitación compleja.
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