La Ley de Restauración de la Naturaleza logró superar este miércoles, por un estrecho margen, un voto crítico en el Parlamento Europeo, de forma que esa icónica y controvertida iniciativa del Pacto Verde Europeo podrá proseguir su tramitación legislativa.
La Eurocámara tendrá ahora que negociar la normativa definitiva con el Consejo de la UE, donde los Estados miembros ya consensuaron un enfoque común sobre un proyecto de ley al que se oponen frontalmente la extrema derecha y el Partido Popular Europeo (PPE), así como las grandes explotaciones agrícolas.
El pleno votó primero una enmienda clave para rechazar el texto al completo, que cayó con 312 papeletas a favor, 324 en contra y 12 abstenciones ante el estruendoso aplauso de las bancadas liberal, socialista y verde, unidos en su defensa del proyecto de ley.
A continuación, el hemiciclo europeo escrutó una a una las 129 enmiendas añadidas al informe preparado por el español César Luena (PSOE), para finalmente votar el texto al completo, que fue aceptado por 336 escaños a favor, 300 en contra y 13 abstenciones.
«Esta ley es buena incluso para los que han votado en contra. Gracias especialmente a científicos y jóvenes, porque son ellos los que nos han convencido de que teníamos que tener esta ley y la vamos a tener», dijo Luena desde su escaño, aliviado tras superar el incierto examen parlamentario.
La Ley de la Restauración de la Naturaleza, que parte de una propuesta lanzada en diciembre por la Comisión Europea para acompasar el paso del bloque comunitario a los acuerdos sobre biodiversidad alcanzados en la COP15 de Naciones Unidas, pretende reparar en 2030 el 20 % de los ecosistemas terrestres y marinos dañados de la UE y todos ellos para en 2050.
Los populares aseguran que la ley amenaza la seguridad alimentaria, obliga a los campesinos a ceder parte de sus tierras para preservar la biodiversidad y compromete el despliegue de infraestructuras de energías renovables, mientras que la extrema derecha asegura que es producto del «fanatismo climático».
No obstante, 21 europarlamentarios del PPE rompieron la disciplina de voto y respaldaron la tramitación de la Ley de Restauración de la Naturaleza, un fracaso para el órdago de Weber que abre también interrogantes sobre su devenir al frente de la familia política democristiana.
En el campo contrario, defienden la iniciativa socialdemócratas, verdes, izquierda y la mayoría de los liberales, así como otras plataformas agrícolas, la comunidad científica internacional, los cazadores, las empresas de energías renovables, un amplio surtido de multinacionales y cerca de un millón de ciudadanos, que han firmado una petición a favor de la ley.
El objetivo ahora es que el Parlamento y el Consejo puedan acordar la normativa definitiva sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza antes de que acabe el año, en unas negociaciones que discurrirán durante la presidencia española del Consejo de la UE.
Rechazo de agricultores y pescadores
Los representantes de los agricultores y de los pescadores españoles han rechazado este miércoles la Ley de Restauración de la Naturaleza y han lamentado su aprobación por el Parlamento Europeo.
Las cooperativas y organizaciones agrarias, y la asociación europea Europêche, que integra a los armadores y a las cofradías, han criticado el dictamen de la Eurocámara, en Estrasburgo (Francia), que permitirá que la controvertida ley prosiga su tramitación en las instituciones de la Unión Europea.
Los agricultores españoles se han alineado con la posición del Comité Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca), que ha asegurado en un comunicado que el resultado «no debería satisfacer a nadie y no hace la ley más aplicable en las explotaciones».
En su opinión, se puede trabajar en la restauración de la naturaleza, pero será «difícil» ya que, pese a las mejoras en el aspecto agrícola, la ley está «mal preparada, carece de presupuesto y seguirá siendo inaplicable».
El responsable de Asaja en Bruselas, José María Castilla, ha declarado a Efeagro que «nadie puede estar contento» por la votación de este miércoles, porque no beneficia «ni a la agricultura, ni a la pesca, ni a la silvicultura, ni al resto de personas del medio rural».
Castilla ha recalcado que el campo no se opone a restaurar la naturaleza, pero «esta restauración no tiene presupuesto específico y, por tanto, genera incertidumbre jurídica entre los agricultores», además de opinar que quienes más la sufrirán serán «los pequeños y medianos productores con estructuras más frágiles».
El representante de Asaja y el director de Europêche, Daniel Voces, han subrayado que la propuesta fue rechazada por tres comisiones parlamentarias antes de pasar al Pleno y que se ha convertido en un debate ideológico en el que a su juicio el perjudicado es el sector primario.
El secretario general de la organización agraria UPA, Lorenzo Ramos, ha reclamado en declaraciones a Efeagro «más dotación económica» y más ayudas para hacer frente a las directrices que puedan salir de esta Ley, tras apuntar que los productores «siempre están del lado de la naturaleza y trabajan con ella», sobre todo, los de la agricultura familiar.
Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha reiterado que esta ley dejará el campo «en manos de grandes corporaciones y fondos de inversión», además de ser «injusta» e «hipócrita» porque no se dan el contexto ni los fondos necesarios para una transición verde en el sector.
El representante de Europêche ha mostrado su «decepción» y «perplejidad» por la aprobación de una ley que «carece de sentido» y ha pedido que en los «trílogos» o negociaciones finales de las instituciones de la UE se mejore su contenido y se trabaje más de la mano del sector.
Voces, no obstante, ha mostrado su alivio porque no se ha aprobado una enmienda que impedía la pesca de arrastre en las zonas marinas protegidas y otra restrictiva para los barcos de 25 metros de eslora dentro de las 12 millas pegadas a la costa.
Ha criticado el momento de tramitación de la ley, en el que el sector afronta una situación geopolítica difícil, y que al mismo tiempo que promueve «el cierre de caladeros», la Comisión Europea esté «legislando para Twitter y abriendo sus fronteras a pescado importado». EFEAGRO
