La Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR) considera que las administraciones tienen suficientes herramientas para controlar que se paguen precios rentables por las uvas y sancionar a las bodegas que no lo hagan.
Así, solicitan que se habiliten ayudas públicas para que todos los viticultores lleguen al menos a cubrir sus costes de producción.
Este año, por primera vez, pueden quedarse uvas colgando de las cepas al no encontrar los viticultores bodega para ellas, o al imponerse condiciones que impidan la vendimia, advierten.
Por este motivo, solicitan al Gobierno riojano que cumpla su compromiso de que se recoja la totalidad de la cosecha, dentro de los márgenes permitidos por el Consejo Regulador para esta campaña.
Denominación de Origen Calificada de prestigio
Señalan que una Denominación de Origen Calificada de prestigio, como es Rioja, no se puede permitir que muchos millones de kilos de uvas de calidad se paguen de nuevo este año a precios claramente por debajo de los costes de producción
Por este motivo solicitan a las administraciones públicas que complementen con ayudas directas la falta de rentabilidad en el sector, además de sancionar con multas realmente disuasorias a las bodegas que incumplan tan flagrantemente la Ley de la Cadena Alimentaria.
Para ello, proponen que se abra un procedimiento de presentación de liquidaciones por debajo de los costes de producción, así la administración podrá compensar a los viticultores afectados por la pérdida económica y sancionar a las bodegas incumplidoras.
Denuncian que algunas bodegas siguen presentando a los viticultores contratos de uva muy por debajo de los costes de producción medios, en los que se señala que con ese precio cubren sus costes de producción.
Esto es “un insulto y un claro abuso de poder” de las grandes bodegas hacía unos agricultores que se ven obligados a firmar, denuncian.
Estos contratos, por debajo de los costes de producción medios que el Gobierno de La Rioja marcaba para 2022 (70 céntimos por kilo de uva), han de ser obligatoriamente registrados ante la administración, según la normativa en vigor desde julio.
De esta manera, la administración ya tiene en su poder suficientes pruebas de los incumplimientos por parte de ciertas bodegas, por lo que ha de proceder de inmediato a la apertura de una investigación que culmine en una sanción realmente disuasoria, indican desde UAGR.
“Multas de 3.000 euros a una bodega que factura anualmente cientos de millones son migajas que le permiten continuar con sus prácticas abusivas, mientras los viticultores se van a la ruina”, declara Roberto Salinas, responsable vitivinícola de la UAGR-COAG.
“Por eso -continúa- las sanciones tienen que ser mucho más altas, para que no les compense seguir abusando y cometiendo este fraude. Pero además estas bodegas deberían quedar fuera de todas las ayudas públicas: destilación, almacenamiento, para la exportación de vino…”.
Por último, denuncian la actitud de ciertas bodegas de renombre que avisan a los viticultores pocos días antes de la vendimia de que no les recogerán la uva este año, dejándoles sin margen de maniobra a estas alturas de la campaña.
O decisiones incomprensibles de otras bodegas, que no dejan vendimiar porque no está la uva suficientemente madura, pero luego no la quieren porque se pasa de grado o porque tiene botrytis.
