Unión de Uniones de Castilla-La Mancha ha denunciado que el dinero desviado de la Política Agraria Común (PAC) para el desarrollo rural acaba en manos de una empresa privada de Castilla-La Mancha (GEACAM), en lugar de llegar al sector agrario.
Añaden que dicha empresa ha sido hackeada con la posible pérdida de datos sensibles de los agricultores, lo que puede estar motivando el retraso del pago de las ayudas a los agricultores.
Desde Unión de Uniones señalan que agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha aún no han cobrado un euro de los eco regímenes de la PAC, preguntándose si es “desidia” del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.
Según informa Unión de Uniones, la Consejería de Agricultura ha delegado la monitorización a GEACAM (Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha), lo que -apuntan- según sentencia del Tribunal Supremo, es “ilegal”.
Igualmente, denuncian que los sistemas informáticos de GEACAM fueron pirateados y secuestrados por hackers (piratas informáticos). Además de retrasar el pago, podría haber ocurrido que los datos de miles de agricultores y ganaderos de la región obren en poder de dichos piratas, indican.
“Si ya resulta escandaloso el encargo de la administración pública a una empresa privada de la tramitación de expedientes administrativos suplantando a los funcionarios, lo es más cuando datos confidenciales se trasladan a una empresa. Números de cuenta, direcciones, DNI, importes, etc.; todos estos datos podrían estar en manos de piratas informáticos, con las consecuencias que esto podría tener”, señalan.
Unión de Uniones de Castilla-La Mancha desconoce si la sentencia del Supremo crea norma, pero, en todo caso, piensa que resulta “cuando menos irregular” que se retiren competencias a los funcionarios y se den a trabajadores del ámbito privado. “Más aún, cuando esto ocurre con una empresa financiada con fondos públicos, que provienen de la Unión Europea destinados a el sector agropecuario”, afirman.
En concreto, 500 millones de euros que no han llegado al bolsillo de los agricultores, dinero que además de no ser destinados a su perceptor natural, se utilizan para “fiscalizar al campesino”.
“No solamente retiran dinero al agricultor, si no que retrasan el cobro de lo que se le debe y se pone en peligro su información confidencial”, lamentan.
Solicitan el pago inmediato
Unión de Uniones pide al Consejo de Agricultura que solucione esta situación, proceda al pago inmediato del 70% adeudado por los eco regímenes y tome las medidas necesarias para depurar responsabilidades por encargar funciones administrativas a una empresa, al tiempo que corrige el desvío de fondos destinados al sector agropecuario a empresas ajenas a él a través de los fondos del desarrollo rural (PDR), proveniente de la PAC.
