El Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE y futura Intervención Sectorial Vitivinícola) ha dejado sin ejecutar en 2023 en un escenario de crisis para los productores otros 30 millones de euros y ahonda en la infrautilización de los recursos para el sector, puesto que en la ejecución del programa durante el pasado ejercicio ya se desaprovecharon 15 millones de euros, según denuncia Unión de Uniones.
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha hecho públicas las cifras de distribución de los pagos del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español en 2023. El montante total alcanza los 171,7 millones de euros, lo que supone 30,4 millones de euros menos que lo permitido por la ficha financiera prevista para este ejercicio 2023 que superaba los 202,1 millones de euros.
Medidas ejecutadas
Por medidas ejecutadas, el reparto de los fondos ha sigo el siguiente: Inversiones (27,08 % de los fondos), Reestructuración y Reconversión (26,10 %), Promoción (21,75 %), Destilación de Subproductos (17,77 %), Cosecha Verde (6,90 %) y Destilación Crisis (0,41 %).
Unión de Uniones critica que, en un contexto de crisis profunda y prolongada, “el sector haya dejado de utilizar recursos comunitarios por valor de más de 45 millones de euros en los últimos dos ejercicios por la dejadez y rigidez de los mecanismos establecidos, por la indolencia de las administraciones públicas que veían venir esta situación y por la connivencia de agentes del sector que llegaron a desmotivar la aplicación de medidas de crisis como la vendimia en verde”.
La organización considera que “hay que hacer una reflexión profunda del porqué de esta situación y que se atiendan las demandas urgentes de este sector básico para la economía y el tejido social de muchas de nuestras regiones”.
“En un escenario de producción escasa y existencias controladas, con bajos precios de uva y vino en origen, una intensa sequía y nubarrones en la demanda con un consumo nacional de vino registrando caídas cercanas al 5 % y una reducción en valor y volumen de las exportaciones como firme tendencia, que se hayan desaprovechado recursos por más de 45 millones de euros en estos dos últimos ejercicios cuando llevamos clamando por ayudas directas al sector por la sequía desde hace meses, dice muy poco de nuestros responsables políticos y administrativos, de su tino y pericia a la hora de dotar a este sector de algo más que un mero discurso enfundado en sucesivos y sugerentes planes estratégicos”, señalan en la organización.
La medida más infrautilizada del PASVE ha sido la de reestructuración y reconversión. La sequía y la falta de expectativas en los mercados de uva y vino están detrás de esta escasa ejecución con muchas decisiones productivas aplazadas. Además, esta medida específica ha de recuperar intervenciones que propongan el mantenimiento de viñedo viejo, demanda extendida en muchas zonas productivas y que ha de tener cabida en su puesta en marcha o bien incluir esta intervención en el menú de intervenciones existentes modificando el PEPAC en su aplicación en el sector.
En cuanto a la cosecha (vendimia) en verde es absolutamente necesario que las administraciones públicas, en especial las autonómicas, corrijan los datos estadísticos desfasados, sesgados a la baja que han provocado su lábil acogida. “Algún que otro agente en el sector deberá reflexionar sobre los mensajes que fueron enviados a viticultores desmotivando e incluso penalizando la concurrencia a esta intervención que, junto con la reestructuración, beneficiaría, bien gestionada, al sector productor”, señala Unión de Uniones.
“Ante esta situación -se señala desde la organización- es preciso abrir un debate que adapte el PASVE a las necesidades reales del sector, planteándose, incluso, ayudas para el abandono del cultivo por parte de viticultores que se jubilan en zonas con muy bajos rendimientos y sin relevo generacional alguno”, afirma la organización.
