El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha criticado que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, “falte a su compromiso, una vez más, y haya eliminado la exención de penalizaciones al 50 % que fijó en los ecorregímenes para el año 2024”.
Fernández de Mesa recuerda que el Ministerio de Agricultura publicó en marzo de 2023 un Real Decreto en el que se establecía que en ese año no se aplicarían penalizaciones por el incumplimiento de los requisitos recogidos en los distintos ecorregímenes, y que estas penalizaciones serían del 50% en la campaña PAC 2024.
Cuaderno digital de explotación
Pues bien, ahora resulta que “donde dije digo, digo Diego”, apunta el presidente de Asaja Córdoba, ya que ahora dice el ministerio que sólo se pueden acoger a esta medida quienes elaboren el cuaderno digital de explotación (CUE), “incumpliendo así una medida ya aprobada, perjudicando de nuevo a todos los agricultores y contradiciendo también sus últimas palabras en la que parecía, por fin, reconocer sus errores tras afirmar en Bruselas la necesidad de dar más estabilidad y seguridad a todo el sector agrario”.
No obstante, la organización agraria aclara que para quienes solo se les aplique la penalización del 50%, no implica en ningún caso que las ayudas a los eco regímenes vayan a cobrarse si se detectan incumplimientos de los requisitos y obligaciones para acceder a los mismos.
Es decir que, “si se pide un eco régimen y no se cumple el mismo, no se va a cobrar la ayuda de manera total o parcial en función del grado de incumplimiento”.
Es muy importante que no se malinterprete el concepto de “penalizaciones”, pues no implica, en ningún caso, que las ayudas a los eco regímenes vayan a cobrarse si se detectan incumplimientos en los requisitos y obligaciones para acceder a los mismos.
Además, afirma que es “sorprendente” que se ligue el tema de la exención del 50% de los ecorregímenes a la llevanza voluntaria del cuaderno digital. Un “auténtico disparate”, apunta Fernández de Mesa, quien asegura que los agricultores, ganaderos, empresas tecnológicas y las comunidades autónomas, independientemente de su color político, coinciden en que “el sector no está preparado para esta nueva carga burocrática, ni la administración ha desarrollado aún las herramientas necesarias para una obligación que la Unión Europea no exige hasta enero de 2026”.
