La organización ambientalista WWF ha mostrado su preocupación por el futuro del campo, ante las tractoradas protagonizadas por agricultores y ganaderos en los últimos días.
Señalan que el actual sistema agroalimentario sigue dando muestras de su fallido funcionamiento. Cada vez más global, complejo e interdependiente y, a la vez, más vulnerable al cambio climático o a diferentes crisis (pandemias, conflictos bélicos, incremento del precio de los alimentos).
Añaden que se trata de un sistema que fomenta una agricultura y ganadería industrializada basada en combustibles fósiles e insumos químicos, como los plaguicidas y los fertilizantes, el consumo excesivo de un agua cada vez más escasa, mano de obra precarizada o materias primas baratas importadas de terceros países, que no siempre cumplen los mismos requisitos legales que se exigen a nuestras producciones.
Un modelo que demanda alimentos baratos y desestacionalizados, que poco tiene que ver con dietas sostenibles, como la mediterránea, recomendadas por los expertos en salud. Y que lleva al límite a productores y naturaleza, en aras de “alimentar al mundo”, mientras un tercio de los alimentos acaban en la basura.
Un modelo que genera injusticias, desigualdades e incoherencias, dentro y fuera de nuestras fronteras, y se ve incapaz de dar respuesta a los urgentes retos económicos, sociales y ambientales a los que se enfrenta: por un lado, la subida imparable del precio de los alimentos, sin que beneficie necesariamente a los agricultores, y de los costes de producción; por otro, el efecto de la sequía, especialmente sobre secanos y pastos -agravada por la sobreexplotación de ríos y acuíferos de la producción agroindustrial- y el impacto ya visible del cambio climático.
En este contexto, pierde en especial la agricultura y ganadería ecológica familiar. Fincas de alto valor social, que producen alimentos cuidando de las personas y de la naturaleza y que abandonan su actividad por la falta de apoyo público adecuado, lamentan.
Con una Política Agraria Común (PAC) que sigue repartiendo la mayor parte de sus fondos entre grandes explotaciones y de carácter industrial, con sus beneficiarios residiendo en grandes capitales, donde poca superficie cultivada hay.
Autocrítica, honestidad y compromiso
Frente a esta realidad proponen, autocrítica, honestidad y compromiso
–Autocrítica, para reconocer nuestra impotencia porque una de las ideas que abanderamos desde prácticamente todas las ONG que trabajamos en agricultura no llegue al conjunto de la sociedad: la necesidad de que las personas que trabajan el campo respetuosamente tengan un precio justo por sus producciones y una calidad de vida digna en los pueblos.
–Honestidad, la que pedimos a la clase política y a determinados representantes del agro, para evitar el discurso de confrontación y las falsas dicotomías. En especial aquella que promulga que, para salir de la encrucijada actual, hay que escoger entre economía y ecología.
-Y el compromiso por seguir trabajando por un futuro mejor para estas fincas que dan vida a nuestros pueblos y que nos permiten ser soberanos en nuestros campos y nuestras mesas.
Desde WWF proponen
-Asegurar precios justos y condiciones apropiadas a los agricultores y ganaderos que apuestan por la sostenibilidad, incrementando las medidas de transparencia y control a las prácticas desleales en la cadena alimentaria, y la revisión y modificación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria.
-Disponer de un marco político y un sistema de incentivos económicos adecuados para la transición agroecológica justa, incluyendo: una PAC y un PERTE alineados con el Pacto Verde Europeo; una fiscalidad verde que aplique el principio “quien contamina paga” y el de “quien conserva, reciba”.
-Una distribución más justa de los fondos de la Política Agraria Común apoyando a los agricultores con dificultades. El 20% de los grandes agricultores, en muchos casos empresas agrarias industriales a gran escala, reciben el 80% de los pagos directos, mientras la mayoría de los agricultores y ganaderos (a menudo explotaciones familiares) de pequeño o mediano tamaño perciben poco o nada. Actualmente la PAC presta más apoyo a la agricultura frente al pastoreo y, dentro de la primera, al regadío frente al secano. Es necesario que el dinero público se dirija a aquellas fincas de mayor valor social y ambiental (como las de producción ecológica, en red Natura 2000 o Sistemas de Alto Valor Natural).
-Mayor compromiso, incluso financiero, de la industria y la distribución alimentaria con el aprovisionamiento local de materias primas sostenibles, la distribución responsable de alimentos y precios adecuados también para las personas consumidoras.
-Apoyar prácticas agroecológicas que permitan a las explotaciones adaptarse a los cada vez más presentes riesgos climáticos como las inundaciones y sequías, asegurando la sostenibilidad a largo plazo de las fincas; sin menospreciar el necesario apoyo y acompañamiento a los productores en caso de catástrofes y fenómenos extremos.
-Exigir que las importaciones agrarias cumplan las mismas normas de sostenibilidad, salud, bienestar animal y seguridad que las vigentes en la UE para evitar la competencia desleal, dotando de medios y conocimientos a terceros países, cuando sea necesario, para evitar efectos colaterales indeseados.
-Impulsar un modelo de agricultura familiar sostenible, constituido por agricultores y ganaderos familiares que residen y trabajan en el medio rural y cuya principal renta y dedicación proviene de la actividad agrícola y ganadera, que aplica métodos de producción ambientalmente sostenibles y conserva el patrimonio natural y cultural.
-Incorporar en las normas estatales, dotándolo de los medios y presupuesto necesarios, los objetivos del Pacto Verde Europeo de reducción del 50% de uso y riesgo de plaguicidas en la producción de alimentos por su toxicidad e impactos negativos en la salud de las personas y el medio ambiente; disminución del uso de fertilizantes en un 20% para reducir las pérdidas de nutrientes en un 50% como mínimo; y, alcanzar al menos el 25% de las tierras agrícolas bajo producción ecológica en 2030.
-Garantizar una vida digna en los pueblos con servicios públicos de calidad (sanidad, educación, transporte, etc.).
-Impulsar el relevo generacional en el campo, prioritariamente en fincas de alto valor natural –como las de ganadería extensiva–, en la Red Natura 2000 y en producción ecológica, prestando especial atención al papel de las mujeres.
-Promover una implantación ordenada y responsable de las energías renovables, priorizando las zonas urbanizadas e industrializadas, evitando zonas ambientalmente sensibles, así como áreas agrarias y forestales de alto valor natural y agroecológico.
-Garantizar el acceso a una dieta sana y sostenible para el conjunto de la población, con precios justos para el consumo y herramientas adicionales, como la compra pública responsable.
-Frenar las pérdidas y desperdicio alimentario, en especial en las fincas agrícolas, revisando la normativa -incluyendo precios que no cubren costes de producción- que impulsa la industrialización agraria y exacerba los problemas sociales y ambientales que estamos viviendo. Impulsar medidas de cuantificación y prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en todos los eslabones de la cadena.
-Asegurar la participación pública de la sociedad civil en los procesos de diseño, aplicación y seguimiento de las políticas agroalimentarias y del medio rural.
-Proteger el patrimonio sensorial rural, incluidos los paisajes agroculturales.
