El Gobierno considera que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), alcanzado el pasado 6 de diciembre, es ambicioso y equilibrado para el sector agroalimentario e incorpora medidas para proteger los productos europeos más sensibles a la competencia.
La secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Amparo López, y la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ana Rodríguez, han presidido una reunión informativa con las organizaciones profesionales agrarias y con cooperativas agroalimentarias para explicar el detalle del acuerdo alcanzado y dar respuesta a dudas y preguntas respecto al mismo.
López Senovilla ha remarcado que, gracias al acuerdo, las exportaciones agroalimentarias españolas a Mercosur soportarán menos aranceles y menos trabas burocráticas y serán más competitivas. Mercosur, un mercado de más de 260 millones de consumidores, realizará un mayor esfuerzo de reducción de aranceles que la UE.
Rodríguez Castaño ha explicado que el acuerdo incluye medidas diseñadas cuidadosamente para proteger los productos más sensibles a la competencia con los producidos en Mercosur como carne de vacuno, de ave de corral o azúcar. Para estos sectores se limita la apertura del mercado europeo a través de contingentes arancelarios que permitirán importar de manera preferencial unas cantidades restringidas de productos, que apenas representan una pequeña parte del consumo de los mismos en la UE, entre el 1 % y el 2 %. La importación adicional a las cantidades establecidas no son objeto de liberalización.
El campo se ve como “moneda de cambio”
Por su parte, el sector agrario se ve como «moneda de cambio» en las negociaciones para aplicar el acuerdo, y ha insistido este jueves en que España y las instituciones comunitarias no lo ratifiquen.
El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha expresado tras el encuentro que no está convencido de que el acuerdo UE-Mercosur aporte ventajas al sector primario.
A su juicio, hay «falta» de «claridad» en su firma, por lo que reclama que se «desgrane» bien para «ver dónde está lo positivo».
Barato ha lamentado que el sector agrario se sienta «una vez más» como «moneda de cambio» en este tipo de acuerdos.
El director técnico de COAG, José Luis Miguel, ha asegurado que es un tratado comercial que interesa a la Unión Europea «por múltiples motivos geopolíticos o sectores industriales de servicios» y «se ha utilizado a la agricultura como moneda de cambio».
Ha pedido al Gobierno «que no lo ratifique» y ha recordado que COAG hará «lo que esté en sus manos para conseguir que no se apruebe en la UE».
Como ya afirmaron este lunes durante la protesta que convocaron en Madrid, COAG está valorando si volver a protestar, tras la Navidad, si no se atiendan sus peticiones.
Por su parte, el secretario general de Relaciones Internacionales de UPA, José Manuel Roche, ha opinado que la interlocución con el sector primario ha sido «muy baja» antes de cerrar el acuerdo.
UPA «nunca» apoyará un acuerdo «que perjudica al modelo de agricultura familiar y a los agricultores y ganaderos europeos», ha remarcado.
Para la organización, «puede ser un muy buen acuerdo de forma general para la Unión Europea pero es un mal acuerdo para determinados sectores, fundamentalmente porque no sabemos la evolución del impacto que puede tener en el vacuno de carne, pollos, porcino, arroz o azúcar».
Por su parte, el coordinador nacional de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha recordado que la agricultura europea «no pide privilegios», sino competir «en igualdad de condiciones» respecto a los productores del Mercosur.
«O de verdad se imponen las cláusulas espejo (…) o, si no, los tractores volverán a Madrid en enero y febrero, convocados» por su organización, ha añadido
A pesar de todo, Cortés ha manifestado su esperanza de que el acuerdo no supere el proceso de ratificación al que tiene que ser sometido ahora en el seno de la UE.
